Los hijos no son propiedad del Estado, pese a la apropiación que a lo largo de la historia han hecho de esa voluntad los regímenes totalitarios de cualquier signo. Tampoco son de los padres, o de las madres solas, ni nos regimos hoy por los preceptos del derecho romano, donde el "pater familias" tenía plena autoridad y derecho para disponer a su antojo de la vida de sus vástagos.
Los hijos no son una propiedad, sino una responsabilidad. En primer lugar, de los padres, cuyas obligaciones con la descendencia se agrupan en la patria potestad, y en segundo, del sistema educativo encaminado a su formación integral, asunto que en este país se trastoca con cada cambio de Gobierno, interesada y torticeramente puesto que la educación en el aula es herramienta eficaz para moldear la personalidad de generaciones enteras.
Los humanos no somos peces que abandonamos a la prole a su suerte: nos regimos por unas normas de obligado cumplimiento que están pactadas de antemano y con las que conviene no revolver en beneficio del interés partidista. El sistema de protección de la infancia lo marca claramente la Convención de los Derechos del Niño, de obligado cumplimiento en este país y en otros muchos, aunque en algunos no se respete. Lo que está ocurriendo en España en este momento con el pin parental es el reflejo de una nueva escaramuza ideológica entre la derecha y la izquierda. Si acerca de este espinoso asunto hubiera que llevar un pin en la solapa, que sea con el lema que diga: "Gobiernen y hagan oposición, y déjense de sandeces".
