La vida cotidiana de los gijoneses en las calles de la ciudad dará un giro de 180 grados si el Pleno municipal respalda dentro de unos meses la ordenanza de movilidad que esta semana aprobó el gobierno local, pendiente de pasar ahora por los preceptivos trámites burocráticos. La norma sitúa al peatón como prioridad respecto a los vehículos que transitan por el espacio público y desincentiva el uso del coche particular a través de un paquete de medidas orientadas, básicamente, a construir una ciudad más habitable, con la reducción de la contaminación del aire y el ruido. Un propósito ambicioso que pone a Gijón en la línea de las políticas europeas, aunque sea con algunos años de retraso en relación a otras urbes de tamaño medio o pequeño, como Vitoria y Pontevedra, ejemplos paradigmáticos a nivel nacional.

La filosofía de la norma, que emana del Plan Integral de Movilidad Sostenible y Segura del Ayuntamiento (en suspenso por un cambio legislativo del Principado que obliga a que cuente con un informe de impacto ambiental) trata de mejorar aspectos relacionados con la circulación y el medio ambiente, dos pilares básicos para cualquier concentración urbana de un país desarrollado en el inicio de la tercera década del siglo XXI. Aunque algunas de las medidas concretas han levantado ya controversia, al entender los afectados que tienen un evidente afán recaudatorio. Es el caso del cobro por aparcar en la zona azul a los conductores de motos que no usen plazas específicamente reservadas para ellos o las sanciones previstas por infracciones, que pueden alcanzar los 3.000 euros.

Pero, al margen de cuestiones económicas, una de las novedades que más debate ha generado tiene que ver con las restricciones de tráfico que prevé la normativa. La ordenanza estipula que los vehículos que carezcan de distinto ambiental (una pegatina que concede la DGT a los menos contaminantes) tendrán prohibido aparcar en la zona de pago a partir del 1 de enero de 2021 (salvo pequeñas excepciones) y no podrán circular por el casco urbano desde 2025 ni por las parroquias rurales en cuanto empiece 2027. Estos límites, semejantes a los que se han impuesto en otras ciudades españolas, han enfadado a los conductores con turismos viejos. Y también a parte de la oposición, que ve ineficaz poner trabas en lugares como el centro en vez de hacerlo en otros con altos niveles de polución, como la avenida Príncipe de Asturias, que sigue soportando el paso diario de decenas de camiones rumbo a El Musel o a los polígonos de la zona Oeste. Sí han suscitado mucho más consenso otros puntos de la ordenanza, como limitar la velocidad a treinta kilómetros por hora en las vías con un único carril por sentido, la creación de aparcamientos para residentes por petición de los beneficiarios o la regulación del uso del patinete eléctrico, cada vez más habituales, de acuerdo a la legislación estatal.

Buena parte del Gijón del futuro depende de esta ordenanza. Por eso, los representantes municipales deben estar a la altura de las circunstancias y no convertirla en un arma arrojadiza con tintes ideológicos, sino aprovechar el período que ahora se abre para debatirla y mejorarla.