Se preveía difícil la andadura del nuevo Gobierno y lo cierto es que no ha empezado bien. El ambiente político no facilita las cosas. Es imprevisible, está saturado de urgencias y se palpa la tensión. El conflicto con los independentistas sigue fuera de quicio, las Autonomías y el campo alzan sus protestas, y la oposición ha ido a la yugular desde el primer momento. Los dirigentes territoriales del PSOE y UnidasPodemos procuran rodear de calma al ejecutivo, aplaudiendo sus buenos propósitos, pero no se espera una vuelta inmediata a la normalidad. Las tres Comunidades donde las corrientes soberanistas pujan con fuerza escalonarán su protagonismo a lo largo del año, en lo que acabará siendo otro maratón electoral de resultados y consecuencias impredecibles.
El equipo de Pedro Sánchez tampoco ha contribuido a despejar el panorama de la hostilidad y el desconcierto que lo envuelven. Su estructura y composición han sido cuestionadas con mucho fundamento, en particular el número de carteras y el contenido de algunas de ellas. Además ha sufrido varios traspiés, el último y más sonoro a propósito de la convocatoria de la mesa de negociación con el Gobierno catalán acordada con ERC. Los primeros pasos de la coalición progresista en relación con Venezuela y con Cataluña han sido poco claros y un tanto contradictorios. El ejecutivo propone diálogo, pero solo lo practica cuando y con quien lo necesita, sin precisar nunca su posición. El presidente del Gobierno acaba de prometer públicamente un intercambio diáfano con la Generalitat, pero tal como nos habla los españoles tenemos que andar jugando a las adivinanzas con sus verdaderas intenciones.
La cuestión catalana enturbia la política española, incluso más que la batalla ideológica entre la izquierda y la derecha. Y es así por la opción que ha elegido el PSOE para alcanzar la investidura de su líder. La dependencia en la que ha caído el Gobierno de partidos que se implican en la política estatal en la misma medida que obtienen ventajas para sus territorios que les acerquen a sus objetivos estratégicos, ha sumido a la democracia española en un estado de crisis permanente, de difícil salida, como ya reconocen los propios interlocutores del diálogo anunciado.
Esta semana Pedro Sánchez se ha visto obligado a participar en el esperpento escenificado en el interior del palacio de la Generalitat, en el que el actor principal ha sido Torra, que ostenta el cargo de Presidente a pesar de estar inhabilitado para ocupar un escaño en el parlamento catalán. El presidente del Gobierno español ofreció bienes y conversación, el presidente de Cataluña aprovechó la ocasión una vez más para lanzar sus demandas de amnistía, autodeterminación y un testigo internacional que vigile la negociación pendiente, pero el asunto está en el punto en que lo dejó el Gobierno de Rajoy caído en una moción de censura por una sentencia judicial que condenaba al PP. Conviene tener en cuenta que fue aquel Gobierno, junto con el PSOE y Ciudadanos, y no el diálogo iniciado por el gabinete de Pedro Sánchez, el que frenó al independentismo. Basta preguntarse qué hubiera ocurrido si no se hubiera aplicado el artículo 155.
Con todo, el impacto más grave del conflicto catalán en la política española es el registrado en el sistema judicial. En las democracias consolidadas se ha despertado una sensibilidad especial hacia la independencia del poder judicial a raíz de las noticias llegadas de Polonia y Hungría. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), un observatorio del Consejo de Europa que evalúa y aconseja a los países en este tema, viene mostrando su preocupación por el incumplimiento reiterado de España con los compromisos adquiridos para mejorar la calidad de nuestra Justicia. Los españoles reconocen la profesionalidad de los jueces, pero aprecian una politización excesiva en los órganos que dirigen el poder judicial. Los independentistas catalanes han actuado al margen de la ley y practican un ataque frontal a la judicatura. Y el Gobierno se muestra al respecto con una ambigüedad que produce inquietud.
Las insinuaciones hechas por dirigentes socialistas respecto a algunas decisiones judiciales, el anuncio por sorpresa de una reforma del Código Penal para rebajar el delito de sedición y la ausencia de diálogo con los partidos mayores para acordar el nombramiento del Fiscal General y renovar el Consejo General del Poder Judicial con buen criterio denotan una actitud partidista o un desdén irresponsable hacia la materia, que debería ser una prioridad del Gobierno, máxime cuando un desafío separatista ha determinado que lo primero de lo que debe ocuparse el Gobierno es la protección del orden constitucional. El Gobierno de Pedro Sánchez no pone suficiente celo en ello o, lo que es peor, hace la vista gorda a los desplantes de los independentistas y opta por no dar respuesta a sus diatribas. Las instituciones judiciales quedan en entredicho y se origina un gran desperfecto en el sistema político. El primer partido no debería estar dispuesto jamás a pagar este precio por estar en el Gobierno de España.
