Cuando ha transcurrido poco menos de un mes de la toma de posesión del nuevo Gobierno de España, este, por medio de su Presidente, en el foro de Davos y su vicepresidenta para Asuntos Económicos, en Bruselas, han iniciado una campaña de tranqulización de sus socios europeos y de los mercados. Como objetivos "convencer a los grandes fondos de inversión y bancos internacionales que la política económica española no va a tener cambios bruscos y pueden contar con un presidente que garantizará ese objetivo". Y por otro lado trasmitir, de forma clara y nítida, a Europa el mensaje de "que se van a equilibrar las cuentas y que España no se saldrá de la disciplina de Bruselas".
Si en Europa existe incertidumbre ante las políticas que el nuevo gobierno español pueda poner en marcha, ésta también se traslada al empresariado y a los mercados españoles. Las políticas ejes acordadas con su socio de gobierno, en materia de trabajo, fiscalidad y transición ecológica, van a afectar al mundo económico y por tanto, pueden llegar a tener una importante incidencia en la vida de las empresas.
La reforma laboral, implantada por el Gobierno Rajoy en el año 2012, está en el punto de mira del ejecutivo, se ha planteado la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que haga "frente a los desafíos sociales, tecnológicos y ecológicos del siglo XXI" y que deberá ser consensuado con los agentes sociales. En este arranque de curso parece se va acometer, de forma rápida, una derogación parcial del texto existente, como los despidos por absentismo causado por bajas de enfermedad; o la prioridad aplicativa de los convenios los convenios sectoriales sobre los de empresa.
La subida progresiva, a lo largo de la legislatura, del Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar los 1.200 euros mes es otro de los objetivos declarado del ejecutivo. El camino hacia ese fin se ha iniciado con el acuerdo de los agentes sociales y gobierno fijando para el 2020 el SMI en 950,00 euros/mes, un 5,5% de incremento sobre el de 2019. Es un hecho evidente que esta medida, lo mismo que ocurrió con el incremento del año anterior -22%- traerá como consecuencia la subida de las bases de cotización mínimas y por tanto, incremento de costes de seguridad social para las empresas y autónomos. El SMI es marco regulatorio de 2,6 millones de trabajadores, esto es, el 15% del total de asalariados.
Las pensiones, que esperan desde hace años la adopción de medidas que permitan garantizar su estabilidad y futuro, abandonando los números rojos que año tras año, vía crédito y adelantos estatales, se pagan. El Pacto de Toledo debe ser el escenario de debate de nuevos parámetros que estabilicen y garanticen las pensiones, acometa el problema del descenso de cotizantes y lo compatibilice con la prolongación del tiempo de vida de las personas. El gobierno está obligado a despejar de incertidumbres el futuro de las pensiones de los próximos 25 años, con una propuesta que marque el camino de una profunda reforma del sistema, sin olvidarse de encontrar un marco fiscal adecuado para los planes alternativos de pensiones.
Las líneas fiscales inicialmente plantean una subida del IRPF para los tramos de rentas superiores a 130.000 euros y a las de más de 300.000 euros. Este escenario afectaría a unos 121.000 contribuyentes, que representan solo el 0,67% del total. Esta medida estrella permitiría recaudar unos 328 millones de euros más de lo actual. El retoque de la tabla del IRPF podría conllevar ajustes en las retenciones que se practican a trabajadores. Se habla de una bajada de los tipos impositivos del Impuesto de Sociedades para pymes que facturen menos de un millón de euros, que pasarían a tributar un 23% (en lugar del 25% actual). Como contrapartida se incrementarían los tipos mínimos para las grandes empresas, bancos e hidrocarburos, que pasarían a pagar más. El desarrollo de la conocida como "tasa Google" completa este escenario de inquietud fiscal e impositiva.
Por todo ello, nos encontramos ante una legislatura que puede venir llena de profundos cambios en el orden económico y social. Parece aconsejable, casi obligado, que los dirigentes sean claros y prudentes en la aplicación de sus programas políticos, buscando una transición ordenada y una gestión adecuada de esos cambios.
Los grandes retos que hemos expuesto, que son también ejes de la acción de gobierno, deben ser objeto de un gran consenso de todos los agentes sociales, para no verse abocados al fracaso. Conscientes de la importancia de los tiempos en política, estos, no pueden ser causa de incertidumbre para la estabilidad económica del país.
