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El déficit de las pensiones

Una explicación de los desequilibrios entre ingresos y gastos del sistema público español

El déficit de nuestro sistema de pensiones tiene dos componentes. Uno que podemos considerar estructural, que tiene su origen en la diferencia entre los ingresos aportados por el trabajador a través de las cotizaciones y los gastos que originan las prestaciones recibidas a través de la pensión. Esta parte del déficit debe equilibrarse de manera natural para el conjunto del sistema, por la relación cotizantes/pensionistas como luego veremos.

El segundo componente del déficit es el provocado o inducido por los defectos y la falta de rigor del sistema en el cálculo de la base reguladora, que afecta en mayor o menor medida prácticamente a todas las pensiones, excepto a las pensiones máximas de quienes hayan cotizado al máximo durante toda la vida laboral. Para eliminar esta parte del déficit hay que tomar dos decisiones: extender el periodo para el cálculo de la pensión a toda la vida laboral del trabajador y aplicar la proporción cotización máxima/pensión máxima para dicho cálculo a todas las pensiones.

En la situación actual de nuestro sistema, el déficit estructural es el que corresponde a un trabajador que se jubila a la edad establecida con la pensión máxima, y que ha cotizado al máximo en todo el periodo que da derecho al 100 % de la pensión.

Su cálculo, utilizando los datos del presente año 2019, se realiza por diferencia entre las cotizaciones realizadas por el trabajador, que son los ingresos del sistema, y el importe de la pensión que va a percibir hasta su fallecimiento, que constituyen los gastos del mismo.

Además hay que tener en cuenta las pensiones de viudedad, que están respaldadas por la misma cotización y cuyo impacto en el sistema en estos momentos es de un 24,36 % de las pensiones de jubilación, lo que hace que el déficit total a soportar, que sería la suma de ambos, sea del 79,88 %.

Este déficit estructural es el único que debería tener el sistema si todas las pensiones guardasen esa misma proporcionalidad con sus cotizaciones y debería ser cubierto por la relación entre el número de cotizantes y pensionistas. Como acabamos de ver en el cálculo, el déficit generado respecto a la cotización, incluyendo la pensión de viudedad, es del 79,88%, lo que significa que como mínimo necesitamos 1,7988 cotizantes por cada pensionista para cubrirlo. En resumen, el déficit estructural es aquel que puede soportar el sistema, porque se cumple que los ingresos totales que aportan los cotizantes cubren en cada momento los gastos totales del mismo.

Para que esto se cumpla contamos con que todos los factores que intervienen en el cálculo que conforman los ingresos y gastos del sistema, excepto la esperanza de vida, dependen de nosotros, por lo que en todo momento el control de los mismos está en nuestras manos y debemos adaptarlos a la evolución que tanto la esperanza de vida como el número de cotizantes nos marquen, para mantener ese equilibrio entre ingresos y gastos.

Sin embargo, el déficit tiene un segundo componente debido a los importantes desequilibrios que presenta el cálculo de la base reguladora, que no establece ni garantiza la misma proporcionalidad entre las cotizaciones y las pensiones, al no considerar para el cálculo toda la vida laboral del trabajador. Además, la propia base reguladora tampoco permite que se mantenga esa proporcionalidad excepto para la base de cotización máxima, de ahí que propongamos el cambio de la misma por la relación cotización máxima / pensión máxima, que sí la garantiza en todas las pensiones.

El cálculo del déficit con la base reguladora actual se puede realizar para cualquier base de cotización. Un ejemplo nos dirá su cuantía:

Como se puede ver, el porcentaje del déficit, del 104 %, es un 48,48 % superior al déficit estructural y es el déficit mínimo que se genera extendiendo el cálculo a toda la vida laboral del trabajador, si se toma como nueva base de cotización. De no ser así, como ocurre ahora, el déficit resultante será mayor si las cotizaciones realizadas en el periodo que no computa para el cálculo de la base reguladora fuesen inferiores, cosa que ocurre en la mayoría de las pensiones. Su cuantía es la misma para todas las pensiones hasta una base de cotización de 3.102 euros y va disminuyendo proporcionalmente, hasta llegar al déficit estructural con la base de cotización máxima.

Esta parte del déficit, que tiene su origen en los defectos del propio sistema, no debería producirse en un sistema contributivo y es un déficit crónico, porque acompaña a cada pensionista que se jubila en esas condiciones hasta su fallecimiento y que tiene como resultado un sistema deficitario, que lo seguirá siendo en el futuro, poniendo en grave riesgo su sostenibilidad si no se cambian las condiciones actuales de jubilación.

Así pues, conocidos el origen y la composición del déficit y el tratamiento que hay que dar a cada una de las partes para corregirlo y eliminarlo, lo verdaderamente importante es que este sea el objetivo prioritario de actuación para garantizar el futuro del sistema y su sostenibilidad financiera.

Por todo ello, la propuesta, en coherencia con lo aquí escrito, es que ello solo será posible si sustituimos la base reguladora actual, por la relación cotización máxima/pensión máxima para todas las pensiones y ajustamos el resto de factores que intervienen en el cálculo. Solo así dejaría de generarse déficit, lo que haría que el déficit actual no siga aumentando y comience a disminuir hasta desaparecer por completo, cuando desaparezcan todos los pensionistas actuales que lo generan. Iría bajando año a año y tardaría unos 20 años en llegar a cero. En todo el proceso la situación estaría controlada. Y sería sobre todo la esperanza de vida y el número de cotizantes en cada momento lo que nos marcaría las condiciones de jubilación para los futuros pensionistas.

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