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Pobreza y desigualdad en la España de hoy

El informe del relator del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

"España debería de verse de cerca en el espejo y actuar. Lo que verá no es lo que desearía la mayoría de los españoles, ni lo que muchos responsables de formular políticas tenía planeado: una pobreza generalizada y un alto nivel de desempleo, una crisis de vivienda de proporciones inquietantes, un sistema de protección social completamente inadecuado que arrastra deliberadamente a un gran número de personas a la pobreza, un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, un sistema fiscal que brinda mucho más beneficios a los ricos que a los pobres y una gestión burocrática profundamente arraigada en muchas partes del gobierno que valora los procedimientos formalistas por encima del bienestar de las personas".

Este es el desolador panorama que retrata en sus primeras conclusiones (las definitivas las presentará en junio en la sede del Consejo de Derechos humanos de las Naciones Unidas), el informe del relator de la ONU el australiano Philip Alston sobre la pobreza en España y la consiguiente desigualdad social en un país que está en el quinto puesto del nivel de riqueza de Europa. El 26% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social; la mitad tiene problemas para llegar a final de mes; el 14% de la población activa está en paro; cerca de 7 millones de personas padecen pobreza energética; los elevados alquileres suponen un porcentaje muy alto de los ingresos familiares y son la causa del elevado número de desahucios?

Los colectivos sociales que sufren más agudamente esa pobreza son la población inmigrante, las mujeres, las personas con discapacidad, las trabajadoras domésticas, la población gitana y la población infantil.

España es el segundo país de la Unión Europea con mayores tasas de pobreza infantil, tasas que alcanzan sus mayores cotas en familias encabezadas por abuelos, por adultos de origen inmigrante y por madres solas. No es éste un problema marginal: son 2,1 millones de menores que la sufren y la mitad de ellos de manera severa y no de manera temporal, puesto que el 8 por ciento de los niños que nacen en esta situación están condenados a padecerla de por vida. La razón es doble. Por una parte, los bajos niveles de inversión en familia e infancia, que son netamente inferiores a la media europea: España invierte un 1,4 por ciento de su presupuesto en estos asuntos mientras que la media europea es de 2,4 por ciento. Y por otra, un sistema educativo que no favorece en gran medida la igualdad de oportunidades y con ella la movilidad social, de tal manera que la escuela ha perdido en gran medida la función de ascensor social que debería de ejercer.

De esa situación de pobreza se deriva, como apunta el informe de nuestro relator de Naciones Unidas, la profunda desigualad que sufre hoy la población española, una de las más elevadas de la Unión Europea, de tal modo que casi podríamos hablar de dos Españas, la pobre y la rica, cuyo origen radica en gran medida en el modo y las políticas selectivas con que se trató de salir de la Gran Recesión a base de cargar los sacrificios de la misma sobre las clases trabajadora y media baja, mientras que la clase media alta y la gran burguesía han quedado al margen de esa pobreza generalizada que padece el resto de la sociedad española.

Las soluciones para remediar esta penosa situación son, entre otras, según apunta el informe del relator de las Naciones Unidas, mejorar cualitativamente el sistema de protección social principalmente aumentando su dotación presupuestaria y mejorando su eficacia administrativa, realizar mejoras sustanciales en el sistema educativo dándole prioridad a la educación pública para hacer realidad el principio de la igualdad de oportunidades y evitar así su actual función de segregación; remediar el gravísimo problema de la vivienda: limitando el elevado costo de los alquileres en las grandes ciudades, incrementando la vivienda social y parando los desahucios.

Todo ello implica llevar a cabo como elemento fundamental y básico una reforma del actual sistema fiscal que es hoy más regresivo que progresivo, más favorable para los ricos que para los pobres, de tal manera que el Estado pueda dedicar más dinero para gastos sociales, además de aumentar los porcentajes de los destinados a tal fin, que son hoy sensiblemente inferiores a los que los más importantes estados europeos dedicados a tales justos y necesarios menesteres.

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