Si hemos de creer algunas versiones, en el periodo democrático (todavía vigente) que siguió a la dictadura de Franco se dieron dos golpes de Estado. El primero se produjo el 23 de febrero de 1981 con la toma del Congreso por una tropa reclutada por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero durante la sesión de investidura como presidente del Gobierno de Calvo Sotelo. Una acción que poco después fue secundada por un bando de guerra del general Milans del Bosch, que sacó los tanques a la calle en Valencia para intimidar a la población y, de paso, animar a otros altos mandos militares a sumarse al golpe.
Las versiones simplificadas del acontecimiento dan por cierto que tras unas horas de tensión la "autoridad militar" que esperaba Tejero no llegó al Congreso y el Rey Juan Carlos I se hizo con el control de la situación tras comprobar que el resto de los capitanes generales permanecían fieles. No hubo ni muertos ni heridos y los conspiradores fueron condenados a largas penas de prisión, si bien su estancia en la cárcel no fue demasiado larga ya que se acogieron a generosas medidas de gracia.
De la trama civil del golpe no se supo demasiado pese a que se daba por hecho que era amplia y bien conectada con los centros de poder. Por supuesto, la institución que salió más beneficiada de esa agitada jornada fue la monarquía que pudo presentarse ante la opinión pública como salvadora de una democracia todavía en agraz y sometida a fuertes presiones involucionistas. La figura del Rey, y su comportamiento durante las largas horas de incertidumbre que precedieron a su declaración institucional, fue objeto (y todavía lo es) de interpretaciones de todo tipo. En el juicio de Campamento los golpistas dijeron, para excusarse, haber creído actuar en apoyo del Rey y siempre obedeciendo ordenes hasta que se deshizo el equívoco.
Tuvieron que transcurrir 36 años hasta que podamos hablar (al decir de algunos) de un nuevo golpe de Estado contra una democracia ya no tan tierna. Ese supuesto nuevo golpe se produjo el 27 de octubre de 2017 en el parlamento regional de Cataluña cuando los diputados autonómicos, en ausencia del resto de la cámara, proclamaron solemnemente la independencia de Cataluña, si bien transcurridos ¡8 segundos! la suspendieron hasta mejor ocasión. Parte del elenco de actores de aquella representación teatral escapó al exilio para esquivar a la Justicia y otra cumple penas de prisión con aplicación de beneficios penitenciarios. Se especula ahora con que el Gobierno español busca modificar la actual redacción de los delitos de rebelión y sedición en el Código Penal para hacer más leves las penas aplicables a esa clase de conductas. Los propios diputados ahora en prisión dijeron ante los jueces que la declaración de independencia no pasó de una pacifica expresión de un deseo muy compartido por una buena parte de la población catalana. Vamos, poco menos que una broma algo pesada. Será difícil encajar en el Código Penal esa clase de delito. Aunque no nos faltan juristas con imaginación.
