Señala la Organización de Naciones Unidas que la celebración de los Días Internacionales da la oportunidad de sensibilizar, y al mismo tiempo pretenden llamar la atención de los medios de comunicación para que señalen a la opinión publica que existe un problema sin resolver. El carácter particularmente reivindicativo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, lo convierte en una efeméride perfecta para reflexionar sobre el papel que cabe exigir que la Universidad desempeñe como agente que, por un lado, debe promocionar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, por otro, debe hacer frente a las discriminaciones basadas en el sexo y/o el género.
Es sabido que a los poderes públicos compete, según el art. 9.2 de la Constitución, "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social". La particularidad de la Universidad, en tanto que administración pública, es que su compromiso con la igualdad tiene dos vertientes, una interna, relacionada con su propia organización, y otra externa, que traslada a la sociedad a través de la docencia, la investigación y la divulgación, el conocimiento generado en su interior.
Su vertiente interna descansa, de forma principal pero no exclusiva, en la aplicación de la perspectiva de género a las relaciones laborales, tanto con el personal de administración y servicios (PAS) como con el docente e investigador (PDI). Según los datos del diagnóstico elaborado en la Universidad, la composición del PAS confirma la habitual feminización, sobre todo en el personal funcionario, si bien es significativo que la desproporción no se observa en los niveles más altos de la administración.
Por su parte, la composición del PDI resulta paritaria si se toma como referencia el porcentaje del 40%-60% establecido, por ejemplo, en la legislación electoral. Esta situación, si bien mejora ligeramente las cifras de años anteriores, evidencia la falta de continuidad entre el número de mujeres matriculadas en nuestros grados -mayoritariamente equilibrado, aunque persisten estudios feminizados o masculinizados- y las que deciden apostar por la carrera investigadora, lo que obliga a la Universidad a preguntarse por la existencia de factores endógenos que expliquen esta diferencia. Resulta imprescindible realizar un análisis particularmente profundo pues se constata que solo un 24% de nuestras investigadoras acceden a la categoría de catedrática, lo que -además de otras repercusiones académicas- genera un notable impacto económico; algo que aconseja analizar los datos de retribuciones de la manera más desglosada para identificar una eventual brecha salarial.
En su vertiente externa, la igualdad plantea grandes desafíos -generando, por tanto, oportunidades extraordinarias- en sus dos funciones principales: la docente y la investigadora.
La docencia abre la puerta a abordar cualquier cuestión relacionada con la igualdad de las mujeres. Desde la recuperación de la figura de notables científicas de todas las ramas, cuyas aportaciones fueron históricamente relegadas, hasta el análisis sobre las causas de la desigualdad y la discriminación. Por ejemplo, mi concreta especialidad -el derecho constitucional- se presta con gran facilidad a incorporar numerosas cuestiones que tradicionalmente no han sido objeto de atención: desde el conocimiento de pioneras como Olympe de Gouges, que durante la Revolución francesa pagó un alto precio por reivindicar los derechos de las mujeres y las ciudadanas -un constitucionalismo feminista-, hasta el análisis del principio de democracia paritaria cuando abordamos el sistema de representación parlamentaria (según los datos de ONU Mujeres, actualmente la cifra de mujeres parlamentarias en el mundo roza el 25%) o la legitimidad constitucional de las medidas de acción -que no discriminación- positiva. Las Universidades que integran la Xarxa Vives han elaborado varias guías que ayudan a incorporar la perspectiva de género en la docencia, incluso en materias que tradicionalmente se han considerado ajenas a esta realidad.
Por su parte, la investigación es un ámbito privilegiado para incorporar la perspectiva de género tanto de manera transversal como especializada, pues tan necesaria es la investigación que tiene como objeto directo de estudio el género, como la revisión de los eventuales sesgos de género que a menudo existen en el diseño de otras investigaciones. Por citar algunos ejemplos, el urbanismo y la medicina son dos campos en los que la inclusión de la perspectiva de género resulta particularmente prometedora. Asimismo, numerosas investigadoras de la Universidad de Oviedo se han comprometido con iniciativas -léase Día de la Mujer y la niña en la ciencia o Inspira-Steam, entre otros- de difusión de su labor en centros educativos de toda la comunidad, constituyéndose en referentes para las nuevas generaciones y permitiendo, además, que se visualice la potencialidad social de profesiones de las que, muy a menudo, solo destacamos la vertiente técnica.
Herramientas como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos permiten visualizar los puntos fuertes y débiles de la contribución de la docencia y la investigación universitaria a la igualdad, así como las intersecciones que se dan con otras categorías como puede ser la pobreza o la pertenencia a una minoría étnica, y que generan formas nuevas de discriminación. También permite poner de relieve el gran valor social de algunas titulaciones, pues tan importante es que las niñas puedan proyectarse en los ámbitos de mayor innovación tecnológica -que cuentan con una gran demanda laboral y con altas remuneraciones-, como que sigamos cuestionando el infra reconocimiento social y retributivo de profesiones indispensables para avanzar en el respeto y la efectiva garantía de los derechos y libertades de todas las personas.
