Ya sé que lo importante en este momento es la epidemia de coronavirus, sus efectos sanitarios sobre las personas; las consecuencias económicas sobre los individuos, las empresas y el conjunto del sistema productivo y de la vida social; no sabemos hasta dónde rodarán ambos parámetros, pero las cosas irán muy a peor. Aunque las autoridades hacen lo que pueden, a veces parece que van detrás de los acontecimientos y que todo se resuelve en palabrería.
Pero así y todo, merece la pena subrayar el atolondramiento de las autoridades asturianas. Ejemplo: el presidente Barbón y la consejera Suárez dan una rueda de prensa anunciando el cierre de cinco colegios afectados por la pandemia: lo hacen sin avisar con anterioridad a los directores de los centros y, además, andan mal de información y se embarullan. Primero dicen que son cuatro, luego se enteran de que son cinco y, encima, confunden un centro con otro. Acabada la rueda, informan a los colegios. Chapuza por la prisa propagandística.
Y hablando de educación, he aquí que la Universidad comparte modos zafallones con el Gobiernu. En octubre se reúnen miembros de la misma con los profesores de lengua y literatura de Bachillerato para acordar criterios sobre la EBAU. Acordados, el acta que se envía en diciembre al profesorado establece medidas no pactadas y elimina otras que sí lo habían sido (de "falseamiento", hablan los docentes). No es solo eso, el documento contiene notables imprecisiones sobre qué cosas concretas se exigirán en determinadas preguntas o en cuánto serán evaluadas. Anecdóticamente, el escrito lleva una falta de ortografía y el conjunto de las preguntas del examen suma 9,5 en vez de 10.
Movilizados para reclamar o aclarar, no encuentran interlocutores al otro lado del teléfono u ordenador. Únicamente unas palabras del rector manifestando que quienes reclamaban eran "un grupo reducido". 160 profesores y 45 centros son los reclamantes. Un grupo reducido, sin duda.
