La situación que atraviesa España y, por extensión, el resto de países debido a la pandemia del coronavirus puede calificarse de "extraordinaria" desde el punto de vista económico. Cuando un país vive un conflicto bélico, además de la tragedia humana, que es lo más importante, se produce un colapso económico: las empresas dejan de producir. Conviene recordar aquí que un concepto que todos solemos manejar con cierta habitualidad, el producto interior bruto (PIB), no es más que el valor de la corriente de bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo de tiempo determinado.
El aislamiento impuesto a la población española tendrá un efecto directo negativo muy relevante sobre el PIB: se van a producir menos bienes y servicios. Mucha gente no puede ir a trabajar, por lo que muchas empresas no pueden producir o disminuirán notablemente su actividad. Hay ejemplos de empresas automovilísticas que ya han decidido parar la producción algunas semanas. También han cerrado hoteles, restaurantes, pequeñas tiendas? El número excede cualquier previsión y, además, hay una gran incertidumbre en cuanto a la duración real de estas medidas.
Este recorte del PIB supondrá, seguro, un menor crecimiento económico a final de año. De ahí la urgencia e intensidad de las medidas aprobadas por el Gobierno. Los 200.000 millones de euros de ayudas suponen un 20% del PIB, una cuantía nada desdeñable. El argumento económico que hay detrás es de libro: si la demanda agregada de un país es la suma del consumo de los ciudadanos, la inversión de las empresas, el gasto público del Gobierno y las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones), para que esta demanda no se resienta por la caída en consumo, la inversión y las exportaciones, arrastrando consigo a la producción (es decir, al PIB), el Gobierno debe proceder elevando el gasto público (el componente que puede manejar más directamente).
Hasta aquí todo resulta bastante obvio, pero existe una segunda derivada: ¿cómo se financia este aumento del gasto público? En principio, con más impuestos, pero es difícil que en esta situación de parálisis económica los ciudadanos y las empresas puedan costear vía impuestos todo el incremento del gasto. Por ello, una buena parte del incremento del gasto se va a traducir en un aumento de la deuda pública, que deberemos financiar emitiendo nuevos títulos (que, en buena medida, nos deben comprar inversores extranjeros).
Desde el punto de vista económico, la clave para salir airosos de esta situación está precisamente en cómo financiar esa deuda. En la crisis económica que estalló en 2008, el incremento repentino y explosivo de la deuda española llevó a la desconfianza de los inversores internacionales, que exigían cada vez mayores tipos de interés para adquirir nuestra deuda. Esto condujo a la elevación de la prima de riesgo (la diferencia entre el rendimiento del bono español a diez años y del bono alemán). Por esta vía llegamos a tener en julio de 2012 una prima de riesgo de 637 puntos básicos (el tipo de interés del bono español alcanzó el 7,75%, una cifra absolutamente inasumible para un país que no crecía). Alguien tenía que romper el círculo vicioso para que el daño no fuera irreparable. Ese alguien era el Banco Central Europeo (BCE). Todos recordamos las palabras de Mario Draghi pronunciadas el 26 de julio de 2012, cuando afirmó que "bajo nuestro mandato el BCE hará todo lo que esté en su mano por proteger al euro. Y créanme, será suficiente". Y lo que estaba en su mano eran compras masivas de títulos de deuda pública de España y de otros países que también estaban en crisis, relajando la presión de los mercados y bajando el tipo de interés de los bonos españoles (haciendo que el pago de la deuda fuera asumible). Bien, pues eso mismo es lo que toca hacer ahora. España deberá incurrir en un mayor déficit y el BCE deberá colaborar en su financiación, si no queremos volver a repetir la mala experiencia del periodo 2008-2012. No es muy ortodoxo, pero tampoco lo es el coronavirus.
Además de esto, podemos discutir si las medidas adoptadas ayer por el Gobierno son suficientes o no. Por ahora, es indudable que ayudará bastante el hecho de que se potencien los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) frente a los ERE, beneficiando con una prestación a todos los trabajadores que desgraciadamente pierdan su empleo en estas semanas (CC OO ha cuantificado el número de posibles afectados en un millón de trabajadores) y que, esperemos, puedan volver a sus puestos cuando esta pesadilla finalice.
También serán de gran ayuda medidas como flexibilizar la jornada laboral, fomentar el teletrabajo, apoyar a las familias protegiendo los suministros básicos, inyectar dinero para potenciar los servicios sociales de apoyo a ancianos y dependientes, la moratoria en el pago de hipotecas, facilitar la liquidez de las empresas, apoyar económicamente a las empresas exportadoras, exonerar a las empresas del pago de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por los ERTE... Quizá en el caso de los trabajadores por cuenta propia habrá que profundizar en las medidas adoptadas (no se debe descartar la suspensión del pago de la cuota de autónomos durante un tiempo, en función de lo que dure realmente la cuarentena y de lo que pase después si se aplican medidas de aislamiento parcial durante meses). En definitiva, el momento es "crítico" y requiere, por tanto, también de "cuidados intensivos" especiales. No podemos fallar.
