Si hay algo claro en torno a la pandemia de coronavirus que mantiene recluida en casa a media humanidad es que nada será igual de ahora en adelante, al menos, hasta que la ciencia dé con una vacuna lo suficientemente eficaz o el virus mute hacia formas menos agresivas, según explican los expertos. Cambiarán las costumbres sociales, las relaciones laborales y los flujos financieros a nivel global. Se volverá, como poco por unos meses, a una economía más autárquica, con fronteras semicerradas y férreos controles a la libre circulación de personas y mercancías. De ahí que las instituciones locales vayan a jugar un papel significativo en la recuperación social tras el destrozo que ha provocado ya el patógeno en nuestra forma de vida. Para ello, tendrán que cambiar de arriba abajo sus planes. El Ayuntamiento de Gijón no será, lógicamente, ninguna excepción porque la crisis recién iniciada ha puesto patas arriba todas los cálculos para lo que resta de 2020.

Empezando por el presupuesto municipal, aprobado a finales del año pasado con los votos a favor de los concejales del gobierno local (PSOE e Izquierda Unida) y la abstención de Podemos. En apenas tres semanas, el documento se ha convertido en papel mojado, entre otros aspectos, porque muchas previsiones de ingresos se han ido al traste debido a que se han visto afectadas por las medidas de reactivación económica que ha ido anunciando la alcaldesa, Ana González. Es el caso de la supresión del denominado "IBI para ricos" o la cancelación, mientras dure el confinamiento, de las tasas de instalación de terrazas, recogida de basura, agua y alcantarillado para los comercios y los negocios de hostelería, los más expuestos en el corto plazo a los efectos del confinamiento. También se ha suspendido el cobro por aparcar en la zona azul. Y, al margen de las medidas de urgencia, el Consistorio ha tenido que renunciar en estas fechas al supuesto de plusvalías que abonaban los ciudadanos por vender un piso que estaba por debajo de su valor de mercado, tras una sentencia en contra de este polémico tributo revelada por este diario.

Esta revolución forzará importantes ajustes en las cuentas municipales. Y por ello habrá que estar atentos a las "normas" que aprobó esta semana el Gobierno, que dan a los alcaldes la potestad de usar el 20 por ciento de su superávit para combatir las secuelas económicas del coronavirus a través del gasto social, sin necesidad de pasar por el Pleno y tan solo con el control a posteriori del Ministerio de Hacienda. La Alcaldesa, que abogaba por poder usar la totalidad del "dinero sobrante", explicó hace dos días en público que no queda otra que ponerse ya manos a la obra y que orientará los cambios a potenciar el empleo y las ayudas sociales. En paralelo, deberá reactivar los mecanismos institucionales, como plenos y comisiones, para dar voz a la oposición a través de los procedimientos telemáticos que también recoge el último decreto. La resurrección de Gijón después de la devastación del coronavirus debe hacerse entre todos, ocupando cada uno su responsabilidad. Pero entre todos.