José Luis Rodríguez Zapatero, aquel presidente de Gobierno de la Señorita Pepis al que la impericia de Sánchez está elevando, por comparación, a la estatura de un Lincoln o un Churchill, pidió en 2010 una prórroga del estado de alarma durante un mes para evitar la parálisis del tráfico aéreo a causa de la huelga de los controladores. El actual jefe del Ejecutivo anunció ayer que va a solicitar al Parlamento una más, la última asegura, de treinta días de duración. Un disparate de difícil justificación.
No son comparables ambas prórrogas, pues la de Zapatero tenía como fin garantizar la movilidad de los españoles manteniendo abiertos los pasillos aéreos mediante la sustitución de los controladores por militares; mientras que Sánchez pretende lo contrario: limitar los derechos de libre circulación, reunión y manifestación alargando el confinamiento. Una cosa es servirse de esa herramienta legal para garantizar los derechos y otra bien distinta usarla para restringirlos, como es el caso.
Que al Gobierno encamado le van más las prórrogas que a Sergio Ramos lo ve con absoluta claridad hasta Rompetechos con sus gafas de culo de vaso. Pero atreverse al salto mensual cuando resulta más razonable el experimento por quincenas se antoja una temeridad y el avance de un peligroso precedente. Pues o bien se pretende limitar en el tiempo la labor fiscalizadora del Parlamento, o bien llevar a buen término el propósito de un mayor acaparamiento arbitrario de poder. O tal vez coincidan, en alguna mente aviesa y maquiavélica, ambas intenciones juntas.
La excepcionalidad debería pasar ya a mejor recaudo, que uno ya no sabe qué resulta más peligroso, si el virus o el que manda.
