Con un baile en las cifras de los muertos por parte de Sanidad -resulta complicado saber cuántos son en realidad- España inicia el luto oficial más largo de la democracia. El lunes, las víctimas mortales eran sorprendentemente dos mil menos que el día anterior, y ayer se produjo una nueva rectificación en el recuento que tampoco cuadra con las defunciones anunciadas de la última semana.
Aunque nada es comparable a la tragedia que supone la desaparición de más de 27.000 personas, España ha abierto simultáneamente otra página negra que ensombrece aún más estos tiempos. El lunes el ministro del Interior decidió destituir fulminantemente al Jefe de la Guardia Civil en Madrid, según la versión más extendida por negarse a pasarle el informe de la Policía Judicial sobre la actuación del delegado del Gobierno en el 8M, que autorizó las manifestaciones después de supuestamente recomendar a la plantilla de la Delegación que tomara medidas para evitar contagiarse.
Los cuerpos de seguridad del Estado, como su nombre indica, no son del Gobierno en exclusiva, ni de este ni de ningún otro. La circunstancia excepcional del mando único tampoco obliga al coronel Pérez de los Cobos a filtrar informes sobre una materia secreto de sumario que corresponde al juez y en la que está siendo investigado el propio Ejecutivo. Cuando Bolsonaro, en Brasil, y Orban, en Hungría, hacen este tipo de cosas o expresan el deseo de que todo y todos se subordinen a una misma autoridad, esos bajos instintos totalitarios son enseguida repelidos por el garantismo de las democracias liberales y la figura de la separación de poderes. Estamos en el mismo caso, solo que aquí el deseo se ha convertido en realidad para Grande Marlaska que, siendo además juez, no ha tenido ningún inconveniente en atentar contra la independencia judicial. Ayer, dada la propagación del incendio, para intentar sofocarlo y aplacar el descontento anunció una subida de los sueldos de los agentes. Parece increíble y, sin embargo, es cierto.
