No se han producido por azar las elevadas cifras de contagio y de víctimas mortales por habitante que registra España con respecto a otros países. Es más razonable que descartable que las manifestaciones del 8M tuvieran algo que ver en las circunstancias y en el momento en que se autorizaron cuando, por otro lado, ya se advertía el peligro de la expansión del coronavirus, y la OMS había pedido al mundo, a finales de febrero, que se preparase para una pandemia. La prueba de que el Gobierno, en poder de la información que no tenía el resto de los ciudadanos, subestimó el riesgo fue la actitud del portavoz sanitario, Fernando Simón, cuando decía que el covid-19 se iba a reducir a un puñado de casos suficientemente controlados.
Se actuó tarde y ahora tratamos de saber si prevaricando para permitir manifestaciones en toda España que podrían haberse celebrado en cualquier otro momento. Desde luego, el 8 de marzo, con un virus propagándose, no era la mejor de las fechas. Que existía un riesgo considerable de transmisión queda demostrado en los contagios de tres ministras y la propia esposa del presidente del Gobierno. Todas acudieron a la movilización de Madrid aquel fin de semana en el que el país se echó a la calle. Que eran horas críticas se constató con que apenas unos días más tarde fue declarado el estado de alarma y se impuso el distanciamiento social. Negar la incidencia de forma taxativa es exponerse a un ridículo del propio sentido común que solo, al parecer, acepta el Gobierno por causa mayor y un grupo de expertos que, por razones obvias, prefieren no dar su nombre.
No se trata, como es obvio, de que se actuase premeditadamente para causar el daño pero sí de saber si hubo negligencia consciente al autorizar por razones políticas que las manifestaciones se celebrasen pese a los focos de contagio que ya existían. Aunque en ellas no se hubiese contagiado nadie.
