Estas enigmáticas siglas que tanto revuelo están provocando entre asturianos que no pueden quedar en la cuneta de la marginación y el descarte social y económico, como diría el Papa Francisco, significan ingreso mínimo vital, recién aprobado por el Gobierno para según los entendidos evitar males mayores como la desafortunada gestión de la emergencia sanitaria. Ese ingreso no es una novedad porque ya existe, algo similar, desde hace años en varias comunidades, incluida Asturias. Tenía razón el presidente de la Xunta de Galicia cuando criticaba al ministro Escrivá por alabar a las comunidades del País Vasco y Navarra porque llevaban gestionando muy bien esa ayuda social frente a los otras comunidades, como Asturias, cuya gestión habría sido poco solvente y descuidada. Porque, además, el Gobierno de Sánchez, para asegurarse la prolongación del estado de alarma, habría cedido a vascos y catalanes la gestión de ese ingreso, algo que debe reclamar Asturias con total derecho.
Nadie en sano juicio puede oponerse a ayudar a quienes han sido azotados por la pandemia, pero también es muy cierto que como esas ayudas las pagan los impuestos de los ciudadanos. Por eso, tanto su cuantía como sus perceptores deben ser examinados con todo cuidado, porque no puede ser, como decían una persona enojada, que un perceptor de este MIV cobre más que alguien que trabaja ocho horas al día. Sin duda alguna en las actuales circunstancias de gran depresión económica, como se nota en los comedores sociales y en los locales de Cáritas, las tristemente famosas colas del hambre, es necesario adoptar medidas temporales necesarias para las personas y familias más afectadas.
Por eso, los requisitos que el ministro Escrivá ha anunciado deben evitar que el conocido como efecto llamada sea aprovechado por las mafias que utilizan a los necesitados para comerciar con ellos y dejarlos abandonados.
