Nadie le indicó lo contrario

La segunda causa abierta contra Franco se ha saldado con una reprimenda de la juez al Delegado del Gobierno en Madrid por su pasividad ante el riesgo sanitario de marzo. Probablemente no se podía hacer más; a José Manuel Franco ninguna autoridad le dio instrucciones específicas contrarias sobre el particular y él tampoco se interesó demasiado por los riesgos que suponían autorizar la movilización del 8-M, que quienes lo nombraron consideraban objetivo prioritario en una fechas especialmente peligrosas para la salud pública. La OMS ya había advertido con dos semanas de antelación de la pandemia; en los ministerios y en las cárceles se habían cursado las directrices oportunas sobre el distanciamiento social, pero en la manifestación feminista que, al parecer no se podía posponer bajo ningún concepto, da la impresión que actuaron todos como si se tratase de la conjura de los necios: el propio Franco admitió que había asistido acompañado de su hija, médico. El mismísimo portavoz de Sanidad aseguró, en una comparecencia pública, que si su hijo le preguntase si podía participar en ella le habría animado a hacer lo que le diese la gana.

Hasta un niño de ocho años es capaz de darse cuenta de que convocar manifestaciones multitudinarias en medio de una pandemia ya declarada no es la mejor de las ideas para prevenir el contagio masivo. A Franco no le dijeron nada al respecto y decidió que el riesgo era simplemente un espejismo. Como ya se suponía no hay indicios suficientes que prueben el delito de prevaricación del Delegado del Gobierno en Madrid que solo percibe el peligro donde le ordenan. En cambio, moral y políticamente existe una responsabilidad negligente temeraria de las autoridades sanitarias, evidentemente plegadas a la conveniencia de la secta ideológica que en el 8-M antepuso, digamos inconscientemente, los intereses partidistas a los de la salud de los españoles. Es lo que se deduce de la investigación y aplicando el sentido común.

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