Desde este lunes 15 de junio ya se puede solicitar el ingreso mínimo vital, que tendrá un importe mínimo de 461,50 euros al mes, por 12 mensualidades, para una persona que viva sola, aumentándose hasta los 1.015 euros dependiendo de las cargas familiares. Lo podrán reclamar las personas entre 23 y 65 años con unos requisitos familiares y económicos específicos, y es una reclamación histórica de la UGT, que la llevó al Parlamento español a través de una Iniciativa Legislativa Popular hace ya más de cuatro años. A nuestro juicio se trata de la fórmula más inclusiva, porque da cobertura a muchas más familias y, a pesar del menosprecio de algunos grupos políticos hacia esa medida y del retraso de su puesta en marcha, constituye un hito social que refuerza nuestro Estado del bienestar y que va a permitir que millones de personas salgan del umbral de la pobreza.
Hay que tener en cuenta que a raíz del covid-19 hay un millón de desempleados más en nuestro país, de los cuales el 40% no cobra ninguna prestación. Además, uno de cada cuatro hogares está en riesgo de pobreza o exclusión social, 700.000 no perciben ningún ingreso, y más de un millón de ellos tiene a todos sus miembros en paro. A esto, tenemos que sumar 33.000 personas sin hogar y 12 millones en riesgo de pobreza.
Estas cifras nos sitúan frente una realidad que empeora de modo considerable la situación precedente, ya muy grave, de una parte importante de la población, y que exigía el impulso de esta renta desde hace ya dos meses. En nuestra opinión, debió estructurarse en dos partes, una renta extraordinaria y urgente para dar una solución inmediata a las personas que se vieron confinadas en sus casas sin ningún tipo de prestación y sin posibilidad de buscar trabajo, y otra con carácter permanente, sin tantas prisas, y que debería haber sido negociada y pactada con los sindicatos. Aún así, bienvenida sea.
Tenemos que tener claro que esta prestación no es la solución al problema. Las personas lo que quieren es trabajar y tener por sí mismas una expectativa de vida y un plan de futuro. Pero mientras esto no sea posible y persista la situación de vulnerabilidad familiar, esta renta tendrá que perdurar. Y, por supuesto, se debe posibilitar, a través de medidas de fomento del empleo, que quienes accedan a la misma puedan ingresar de nuevo en el mercado de trabajo y tener una plena inserción social. Por eso, además de la labor de acompañamiento de los servicios sociales, es fundamental un seguimiento permanente de cada beneficiario por parte de los orientadores de los servicios públicos de empleo, con un desarrollo de los itinerarios de formación específicos para conseguir la mayor empleabilidad a corto plazo.
La renta vital es además una medida que va directamente al consumo, por lo que encaja en el planteamiento que venimos haciendo de que España necesita poner en marcha un plan para incentivar el consumo, sobre todo de productos que fabriquemos aquí.
Pero necesitamos más y Europa no puede quedarse atrás. El futuro de la democracia, la economía y la cohesión social europea está en juego. Es necesaria una Europa más justa, basada en la solidaridad, los derechos y la justicia social. Tenemos que conseguir que ninguna persona salga perdiendo de esta crisis; que nadie se nos quede por el camino; que no lo acaben pagando los colectivos más desfavorecidos. Y que no aumenten las desigualdades entre los que más y menos tienen, y entre hombres y mujeres.
Nadie debe estar condenado a ser pobre o a vivir en la exclusión social. Las empresas, el sistema financiero, nuestra sociedad en su conjunto, no dejan de ser un instrumento al servicio de las personas, de su desarrollo vital, de sus derechos y de sus libertades. Este es un mundo para las personas y todos tenemos cabida en él.
