Antes del shock derivado de la pandemia, el 5 de marzo escribía una columna en este diario titulada "No nos representan", sobre algunos malentendidos en relación con nuestra democracia ampliamente compartidos, como si fueran verdad revelada. Me refería entonces al debate en torno a la proporcionalidad del sistema electoral y la sobrerrepresentación que, a juicio de algunos, tienen los partidos nacionalistas. Ciertamente, no existe tal sesgo en el sistema electoral, y pretender arreglar algunos problemas con un sistema proporcional puro nos llevaría a una pérdida total del control por parte de la ciudadanía de sus representantes en las cámaras legislativas. Hoy me detendré en otro equívoco, este sobre las "puertas giratorias" y las carreras profesionales de quienes, durante un tiempo, abandonan sus responsabilidades privadas para dedicarse a la cosa pública.
En primer lugar, reitero la condena a algunos movimientos entre la política y el mundo de la empresa que a todas luces son inaceptables. No pondré ejemplos, pero a menudo hemos visto a políticos saltar a consejos de administración sin demasiada experiencia en el campo de actividad de esas compañías. No quiero diluir en ningún caso esa realidad, pero creo que estamos lejos de comportamientos sistémicos que nublen el servicio público y, sobre todo, considero que los mecanismos para evitarlo deben estar bien analizados.
En virtud de algunos de esos casos más llamativos, la opinión pública podría preferir unos sistemas más estrictos para delimitar las opciones profesional futuras de las personas que durante un tiempo se dedican a la política. Como digo, debemos tener un sistema transparente y con una clara rendición de cuentas, pero restringir casi cualquier paso de la política al sector privado podría tener otras consecuencias negativas, como la renuncia a participar de la vida pública de buenos candidatos.
En todo caso, la opinión pública también censura las carreras profesionales exclusivamente políticas. Es decir, aquellas personas que por distintas razones encadenan puestos de responsabilidad pública a lo largo de varias décadas también sufren una especie de recriminación colectiva. Se les acusa en muchos casos de no disponer de "profesión" alguna, de ser una especia de "presos" de los partidos dispuestos a cualquier cosa a cambio de retener un empleo. No ocultaré, igualmente, que también ha habido ejemplos de estos comportamientos sinuosos en algunas carreras políticas, pero, de nuevo, tampoco podemos hablar de pautas permanentes que inhabiliten a las personas con ese compromiso político.
De este modo, parece que hubiera una opinión pública que no desearía carreras políticas prolongadas, pero a su vez también censurara casi cualquier retorno del servicio público al sector privado. Todo ello, por ciento, con una crítica permanente a los salarios o supuestos privilegios de la actividad política. Se aspira a una cosa y la contraria, mientras el bulo sobre las pensiones permanentes a diputados o ministros se ha convertido en un clásico.
Traigo a colación aquí una anécdota que me sucedió hace algunos años en Estrasburgo. Un colectivo de asturianos, invitados y financiados por el Parlamento a visitar su sede, se reunía con unos de mis colaboradores a la entrada de la institución. Allí, cuando mi asesor les señalaba la ventana de mi despacho en el edificio, uno de los invitados le preguntó: "Y aparte del despacho, ¿qué más privilegios tiene?".
Así las cosas, existe una amplia confusión en relación con las personas que dedican una parte de su vida al servicio público, sus actividades profesionales antes y después de ese periodo, y sus obligaciones y derechos en el ejercicio de sus responsabilidades. La principal consecuencia de esta maraña es el desprestigio del servicio público, que podría, en última instancia, provocar que la política quedara restringida a dos perfiles: por un lado, empleados públicos -que siempre disponen de una "puerta giratoria" legítima con su vuelta a la Administración-; y, por otro, personas que no tuvieran nada que perder por dedicarse a la vida pública -aquéllos infinitamente acaudalados o sin oficio alguno-.
Por todo ello, es necesario un debate sosegado y más profundo sobre qué perfiles personales queremos que se dediquen a la política. Lo necesitamos todos.
