La política española sufre en la actualidad un grave y preocupante problema, cuya solución no se aventura en breve plazo, en el que desaparece o no se percibe como nítido el valor esencial de la moderación, que llegará a resultar, incluso, totalmente desprestigiada.
Hace ya unos años, el insigne diputado Labordeta, cansado de sus esfuerzos dialécticos para hacerse escuchar en el Parlamento, por los demás compañeros en algarabía y sin gozar del amparo de la Presidencia, zaherido hasta la desvergüenza, llegó a rematar su faena y abandonar el hemiciclo con un rotundo grito: "Iros a la mierda" (sic).
Igualmente, los ciudadanos sentimos en los últimos meses incomprensión, pesar, desagrado, incredulidad, inquietud, incomprensión, desesperanza, disgusto, tristeza, desasosiego y todo lo que se quiera negativo, ante la situación parlamentaria, realmente irrespirable.
En nuestro devenir parlamentario, en una época que esperemos final de una feroz pandemia, nos encontramos con un estado político infinitamente peor que el de Labordeta, puesto que ahora se ha pasado de la violencia dialéctica a un ruidoso e insoportable ambiente político de odio, como si nuestros parlamentarios se hubiesen vuelto locos desenfrenados ante quienes los ciudadanos hemos de levantarnos y protestar con todas nuestras fuerzas. No a la violencia verbal y no al odio; así no se puede respirar. "El coño, joder, iros a la mierda", textual, es un precedente lamentable y sonó en su momento como el latigazo evangélico contra los mercaderes.
La crispación y la bronca política, singularmente en el Congreso, desde hace tiempo, sin el más mínimo respeto de unos a otros y con ataques ciertamente personales, no es soportable por los ciudadanos.
Además, diversas instituciones, sobre todo partidos políticos, acuden continuamente a los jueces y tribunales contra las decisiones del Gobierno, trasladándoles, inútilmente, una carga que no les corresponde, como si se pretendiera ganar ante los mismos, lo que no se ha alcanzado en las urnas, ni en vía parlamentaria, pese a que todos sabemos muy bien que los actos políticos están rigurosamente excluidos por ley del control o fiscalización jurisdiccional, por simple respeto a la separación de poderes.
Esta actitud obstruccionista de crispación, "a sabiendas" y solamente a la espera del rédito político eventual me parece sencillamente inmoral, ya que forma parte, últimamente, de la degradación política que sufrimos, por la creciente lucha descarnada por el poder "a secas".
Convertir al Poder Judicial en una especie de "tercera instancia procesal", sin ningún rigor, constituye una grave quiebra de nuestro sistema parlamentario constitucional. Estos malos usos parlamentarios de los partidos políticos, de nuestros representantes en el Parlamento, han de cesar de inmediato.
Por supuesto, es legítimo acudir a los Tribunales al amparo del constitucional principio de "tutela judicial efectiva", para la defensa de los derechos e intereses garantizados por nuestra Norma Suprema, que se estimen vulnerados por el Poder Ejecutivo, pero no para intereses estrictamente políticos, porque, en tal caso, el recurso a la Justicia se desnaturaliza y solamente esconde una patente dejación oportunista de responsabilidades parlamentarias.
Pretender reducir el Parlamento a un lenguaje tabernario es burdo, soez e insostenible, dentro de un sistema constitucional avanzado como el que afortunadamente disfrutamos y que con tanto esfuerzo hemos conseguido.
Si ante cualquier discrepancia política, se acude a los Tribunales y no se respeta a los demás, quedan automáticamente abolidas la libertad y la propia democracia.
Seguramente, qué duda cabe, el Gobierno ha cometido y comete muchos errores y decisiones impropias en la gestión de la maldita pandemia, pero no toda decisión política es susceptible de crítica virulenta y, menos aún, de revisión judicial.
Asistimos atónitos a actuaciones y análisis políticos del miedo, desvarío y paranoia, imputando al contrario las responsabilidades de un cataclismo venidero. Sus responsables convierten al adversario político en "enemigo", culpable de todas las desgracias y atrocidades habidas y por haber, con perspectivas del mundo político cerradas y críticas, en una visión onírica fruto de la pasión y de la lucha por el poder, desconectada de la realidad y guiada por la desinformación, en típico resentimiento antidemocrático insostenible.
Deviene urgente normalizar y legitimar actuaciones discrepantes, pero con sensatez. No se pretende el pensamiento único, pues todos los planteamientos son procedentes, salvo el odio y el recurso al miedo.
La crisis de la covid es extraordinariamente compleja, pone de manifiesto todas las debilidades de nuestro sistema de vida y evidencia las promesas de igualdad real no debidamente cumplidas, sea de clase, género o procedencia. Ha sido y continúa siendo una crisis tan gravemente real, amplia y profunda, que no hay tiempo que perder. Ni desde el punto de vista sanitario, educativo, social, ni económico, esencialmente.
En conclusión, si la actual polarización continúa, va a resultar de extrema dificultad lograr medidas racionales urgentes de recuperación económica y social en la "flamante" Comisión Parlamentaria recientemente constituida al efecto y sería una verdadera pena su fracaso, dadas las esperanzas depositadas en la misma, en cuyo caso, la desafección política se agravaría. Es urgente un pacto político ya, para no decepcionar y dejar en la estacada, una vez más, a toda una generación que ha de liderar nuestro inmediato futuro.
