Natalio Grueso, exdirector del Niemeyer, ha sido condenado finalmente a ocho años de prisión y a una indemnización de 78.000 euros que presumiblemente correrá a cuenta de cualquier insolvencia. En los casos de corrupción, y éste es uno de ellos, los fondos detraídos deberían ser devueltos hasta el último euro, tampoco tiene mayor sentido mantener entre rejas a los estafadores y malversadores para que acaben impartiendo pedagogía entre los reclusos, como hizo Mario Conde, y comiéndose a media tarde una manzana en el patio de la cárcel.
El proceso del Niemeyer ha resultado largo, tan largo que al propio Grueso le dio tiempo entre medias a ejercer de prófugo y a que lo empapelaran. Pero más larga aún resultó la sombra de la sospecha que este periódico advirtió y denunció desde el primer momento en que unos políticos regionales y locales irresponsables se empeñaron en no enterarse del desfalco de los recursos públicos que se estaba produciendo o de mirar para otro lado, víctimas voluntarias de un papanatismo indignante y cautivados por la figura del embaucador que presumía de ser el artífice de un beneficio cultural incalculable para la ciudad y la propia Asturias. Nada de eso ocurrió al menos como se pretendía vender: el Centro Cultural Niemeyer, un proyecto ilusionante basado en el ingenio de uno de los más grandes arquitectos internacionales, se convirtió en la excusa de un latrocinio continuado y de una nefasta gestión aplaudida por el Ayuntamiento y el Principado.
Todo acabó siendo el resultado de una política cultural propagandística y artificiosa que tenía como principal objetivo la promoción de quienes la respaldaban. Unos, los políticos, se aprovecharon de las fotos y de la publicidad en los medios; otros, Grueso y compañía, de los recursos públicos como si fueran de su propiedad, para viajar y airearse de manera injustificada gracias al erario. Sin distinguir entre lo público y lo privado.
