Si la gestión del coronavirus fue mala durante el estado de alarma la segunda parte promete ser todavía peor. Solo hay que detenerse a comprobar la nueva ola de contagios coincidiendo con el verano y la movilidad atolondrada de los españoles, a los que se les ha inyectado la falsa sensación de seguridad con el uso obligatorio de las mascarillas tras el largo encierro. La incapacidad para controlar el virus con todos embozados empieza a ser proverbial en comparación con la de los países vecinos. No existe otro lugar en la UE en el que los ciudadanos se hallen supuestamente más protegidos facialmente, además de alienados, y, pese a ello, se produzcan tantos contagios.
¿Qué ha pasado? El problema no solo radica en la manera de ser de los españoles, sus hábitos y forma de ser indisciplinada. Las explicaciones hay que buscarlas en la desidia institucional. El Gobierno, tras imponer un férreo estado de alarma, decidió traspasar la responsabilidad a las autonomías, y éstas, a su vez, en lugar de emprender una acción preventiva para detectar o rastrear los contactos de la pandemia que pudieran establecerse en una estación menos proclive al contagio pero en la que la movilidad es mayor, le han transferido el compromiso de mantenerse inmunes a los ciudadanos haciéndoles creer que si la infección se extiende es exclusivamente culpa suya o del prójimo. Es necesario concienciar de la gravedad del virus para la salud y la prosperidad pero resulta, al mismo tiempo, imprescindible hacerlo de manera ejemplarizante adoptando las medidas oportunas y eficaces. Asturias, con menos brotes que otras regiones y todos importados, no se puede decir que sea el peor ejemplo de la nueva crisis que vivimos. Pero la sufre como las demás.
No es de extrañar tampoco que, dadas las circunstancias del país, nos impongan desde fuera cuarentenas turísticas. Al atrabiliario e incompetente Fernando Simón ni siquiera parece darle igual la merma del sector. Eso que nos ahorramos, dice. Qué calamidad.
