Con fecha 18/6/2020, LA NUEVA ESPAÑA informó: "El ingreso mínimo vital se perfila como la nueva ayuda para 7.000 familias gijonesas"; registrándose un aluvión de candidatos, incluyendo posibles perceptores de ayudas municipales o renta social del Principado.
Así, el ingreso mínimo vital (prestación estatal creada tras el impacto económico del covid-19) cubrirá 2,3 millones de personas, integradas en 850.000 familias cobrando 500-1.000? mensuales; aunque su correcta aplicación debería evitar la percepción de otras ayudas sociales simultáneas. Sin duda, en España, el devastador impacto económico del covid-19 ha fomentado una estrategia solidaria del Gobierno central, basada en las televisivas declaraciones del Presidente Sánchez al afirmar: "Ante la pandemia actual, nadie se quedará atrás".
Dicho discurso pudo generar un "efecto llamada" potenciando la inmigración ilegal en España, habitual desde hace 2 décadas porque nuestros gobernantes son incapaces de controlarla. Así, existe un repunte de pateras con posibles portadores de covid-19, forzando un mayor esfuerzo logístico de recepción (PCR sistemáticas y cuarentenas consiguientes); que, en ocasiones, se han intentado evitar violentamente (como pasó recientemente en Albacete con temporeros del campo).
Sin embargo, en el último pleno de la Unión Europea (UE) de Bruselas, esta política solidaria dificultó a España poder negociar su parte del fondo de 750.000 millones destinado a compensar la crisis económica del covid-19; especialmente cuando los llamados países "frugales" (Holanda, Dinamarca, Austria, Suecia, Finlandia) lograron limitar a 390.000 millones la partida de transferencias a fondo perdido, implicando una reducción de 110.000 millones. Finalmente, España obtendrá una partida global de 140.000 millones, de los cuales 72.000 millones procederán de transferencias "condicionadas" a reformas económicas.
A mi juicio, la UE y el quinteto "frugal" liderado por Mark Rutte (primer ministro holandés) pretendía que la ayuda económica a España no se evapore con su extensa burocracia y laxa política social; requiriéndose un decálogo de reformas económicas (en presupuestos, pensiones, ayudas sociales, temporalidad laboral, sistema sanitario y educación), que redujeran nuestro gasto público y grado de endeudamiento: Consiguientemente, ello parecía un rescate encubierto con "freno de emergencia" capaz de paralizar dicha ayuda en caso de un incumplimiento español.
Si bien semejante postura podría resultar impopular; me pregunto: ¿Acaso cuando un amigo nos pide dinero no indagamos sus motivos para evitar que dicha ayuda caiga en "saco roto"? Pienso que los países europeos "frugales" han adoptado esa actitud sin pretender interferir sobre nuestra soberanía nacional.
En definitiva, el "quinteto frugal" no mostró la deseada empatía solidaria con España porque conocen nuestra actual situación política y no son ingenuos. Aun así, aunque debamos rendir cuentas de gestión a la UE, bienvenida sea su ayuda económica.
