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El derecho a la propiedad puede estar cuestionado

Un análisis sobre la "okupación" de viviendas

En artículos previos, trataba la controversia que está generando el fenómeno "okupa" en España; concluyendo que el problema no era debido a unas leyes inadecuadas sino a su inadecuado cumplimiento y a sentencias con penas insuficientes. Así, tras las últimas directrices de la Fiscalía General del Estado a sus subordinados y del Ministerio del Interior a la policía, parece confirmarse esta hipótesis. Me explico:

Según Carlos Cuesta, la Policía recibió instrucciones de evitar desalojar viviendas vacías o de alquiler sin inquilinos que se ocuparan sin intimidación violenta porque, entonces, primaba el derecho a la inviolabilidad del domicilio ante el derecho de propiedad. Si estas directrices fueran ciertas, aunque se facilitaran como una "guía de actuación", su aparente colisión con el vigente Código Penal (CP) merece profunda reflexión:

En primer lugar, los artículos 202.1-245.2 del CP distinguen el delito de "allanamiento de morada" y de "usurpación", según la vivienda esté habitada o no. En el primer caso, el bien jurídico protegido es el derecho a intimidad de la vida privada, prescindiendo de si es primera-segunda vivienda y del tiempo que el propietario estuviera ausente; mientras, en la usurpación se protege el derecho de propiedad. Sin embargo, mientras las directrices de la Fiscalía General del Estado y Ministerio del Interior son precisas respecto a cómo proceder en el "allanamiento de morada", inquieta su posición ante la "usurpación" porque parece cuestionar el derecho de propiedad, supeditándolo al derecho de inviolabilidad de viviendas "okupadas" ilegalmente.

En segundo lugar, sabiendo que en inmuebles vacíos no existe violación de intimidad, esta interpretación de la Ley parece dejar desamparados los inmuebles hipotecados por entidades bancarias o viviendas particulares destinadas al alquiler que, temporalmente, permanezcan sin inquilinos. A pesar de mis limitados conocimientos jurídicos, pienso que esa interpretación de la Ley puede lesionar el básico derecho de propiedad privada.

En tercer lugar, si el Estado es incapaz de proteger este elemental derecho ciudadano y, mediante políticas supuestamente solidarias, se genera una creciente actividad del fenómeno "okupa" (auspiciado por mafias), me pregunto ¿Cuál será el próximo paso?

Posiblemente, caeríamos en la perversa dinámica de: "Lo tuyo es de todos", impropia de un país democrático de la Unión Europea.

En síntesis, realizar políticas progresistas solidarias también conlleva acatar la Ley y si el derecho de propiedad privada (previsto por Ley) estuviera cuestionado, también lo estaría el Estado de Derecho. Consiguientemente, la Fiscalía General del Estado debería aclarar su posición para tranquilizar al ciudadano; aunque confieso mi total escepticismo, dada la ambigua postura al respecto del PSOE y Unidas Podemos en un reciente pleno celebrado en el Parlamento.

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