Recientemente, en el Congreso de Diputados se ha debatido una proposición "no de ley" (PNL) relativa al fenómeno "okupa", en sentido de agilizar la recuperación de viviendas por sus legítimos propietarios y endurecer las actuales penas de quien afronte sentencia por usurpación de vivienda. Esta propuesta presentada por Ciudadanos junto al Partido Popular y Vox (29/9/2020) fue rechazada por el PSOE, Unidas Podemos, ERC y Bildu, con abstención de Junts per Catalunya y PNV. Según Edmundo Bal(Ciudadanos), la PNL fue presentada para controlar el fenómeno "okupa" dado que: "Proteger a los colectivos sociales más vulnerables no es incompatible con defender la propiedad privada".
A tal fin, procedía reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil y resolver las demandas de desalojo con un juicio oral para que el demandante recuperase su vivienda en 12 horas. Simultáneamente, procedía modificar la Ley de Seguridad Ciudadana para que, ante el indicio de delito flagrante en la vivienda, la policía pudiera entrar, identificar, registrar y desalojar al "okupante", restituyendo la posesión a su legítimo dueño. Posteriormente, Ciudadanos también proponía endurecer la pena de prisión hasta uno a tres años para delitos de usurpación, elevándola a cuatro-seis años si implicaba intimidación violenta. Sin embargo, el PSOE justificó su postura manifestando que: "No podía cundir el miedo ciudadano a que se "okupara" su primera-segunda vivienda"; mientras Unidas Podemos y ERC acusaron a Ciudadanos de magnificar el fenómeno "okupa", dado que: "El verdadero problema radica en la especulación inmobiliaria y los denominados " fondos buitre".
Comentada la noticia, procede una breve reflexión sobre el sorprendente resultado de este pleno del Congreso de Diputados:
En primer lugar, resulta previsible la postura de Unidas Podemos pero me decepciona la ambigüedad del actual PSOE ante el fenómeno "okupa", minimizando su gravedad y desoyendo a quienes denuncian este actual e indiscutible problema social de España.
En segundo lugar, entiendo que lo realmente temido con impotencia por la ciudadanía es perder su propiedad ante la aparente pasividad de diversos dirigentes políticos que, exclusivamente, atribuyen el fenómeno "okupa" a indeseadas economías especulativas.
En tercer lugar, aunque admito la existencia de personajes especuladores (mayormente herencia del pasado) que se lucran sin producir, creo que ello no justifica "ningunear" el derecho a la propiedad privada porque siempre ha sido compatible con una política social razonable y equilibrada.
En síntesis, difícil solución tendrá el problema del fenómeno "okupa" si no existe la voluntad política de erradicarlo, aplicando o reforzando los actuales recursos legales. Consiguientemente, tras el citado pleno del Parlamento donde se rechazó la PNL para encauzar definitivamente la cuestión, el panorama que se avecina parece preocupante.
