La proposición de ley presentada en el Congreso por los grupos parlamentarios del PSOE y de Podemos para reformar la ley que regula la selección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial ha conmocionado a la judicatura, el ambiente político y a la opinión pública. La trascendencia que tiene ha hecho saltar la alarma. A la salida del último Consejo Europeo, la prensa reclamó a Pedro Sánchez su respuesta a una batería casi monotemática de preguntas relacionadas con este asunto. El presidente del Gobierno no quiso pronunciarse sobre la advertencia preliminar hecha desde Bruselas y se mostró reservado a la hora de aclarar algún extremo de su posición. Aunque puso interés en precisar que el cambio legal partía del legislativo, del que precisó que no era portavoz sin que se lo pidieran los periodistas, resultó evidente que la iniciativa era suya. Fue poco explícito en general, excepto en acusar con insistencia al PP del bloqueo que impide renovar la composición del órgano de gobierno de la administración judicial. No obstante, se ofreció para alcanzar rápido un pacto y dejó en el aire la posibilidad de renunciar a la modificación de la ley, lo que inevitablemente genera dudas sobre la verdadera motivación y el objetivo de la propuesta, que se hacen más graves visto su contenido.
El acierto en la gestión pública depende en buena medida de la definición del problema a resolver. Un problema mal planteado, salvo que intervenga la serendipia, lleva con seguridad a un error. Si el problema se redujera a una actitud obstruccionista del PP, la decisión del gobierno podría ser una solución eficaz, siempre que se alcanzara un acuerdo respaldado por la nueva mayoría establecida con la reforma, algo que no está garantizado en absoluto dada la composición actual de la cámara baja. Pero el problema, en este caso, es otro, y no es uno, sino dos. Por un lado, el Consejo General del Poder Judicial, que decide sobre la provisión de los cargos judiciales y tiene la potestad de imponer sanciones a los jueces, carga con la sospecha de estar excesivamente politizado. Por otro lado, la polarización política ha llegado al punto en que cualquier acuerdo entre los partidos parece imposible.
Existe un amplio acuerdo, del que participan los ciudadanos, en que los jueces en el ejercicio de su función actúan con la independencia que se les exige. El problema es que disponen de recursos escasos para una carga de trabajo cada vez mayor, las sentencias se demoran más de lo debido, y la justicia en ocasiones no puede hacer honor a su nombre. A ello se añade la presión política que el gobierno de turno ejerce sobre el Consejo General, percibida por los jueces lo mismo que por los ciudadanos, que pesa como una losa sobre el quehacer y la imagen del poder judicial. A este respecto, ha sido muy oportuna la publicación en estos días de una encuesta de Metroscopia, que confirma el estado de opinión que manifiestan los españoles desde hace décadas. El Grupo de estados contra la corrupción del Consejo de Europa (GRECO) viene incidiendo en sus informes sobre España en este deficiente aspecto de nuestro sistema político y de la pereza con que aplicamos sus recomendaciones.
El problema político es más hondo y más serio. No afecta exclusivamente al PP, ni se limita al bloqueo de la renovación del CGPJ. Conviene recordar que en los últimos cuatro años el fracaso en la formación del gobierno provocó dos repeticiones electorales, circunstancia en la que el actual presidente del Gobierno popularizó el célebre "no es no", que no implicaba otra cosa que el bloqueo del poder ejecutivo. Los partidos tienen la responsabilidad constitucional de formar el gobierno y garantizar el funcionamiento normal del resto de las instituciones, y no están cumpliendo con ella. Ahí está el auténtico problema. A pesar de que un truco utilizado en la redacción del cuestionario permite disimular el dato, en el barómetro publicado esta semana por el CIS los españoles citan la política como el principal problema del país. La vetocracia es un mal extendido en las democracias, un síntoma de decadencia política según Francis Fukuyama, y ha llegado a nuestro país con el multipartidismo, que ha exacerbado las actitudes egoístas de los partidos.
Si el problema es el PP, la reforma que promueve el gobierno permitirá si acaso saltar ese obstáculo. Pero si los problemas que aquejan al Consejo General del Poder Judicial son los dos citados, al contrario de aportar la solución, la decisión del gobierno podría acarrear consecuencias fatales para nuestra democracia. La misma mayoría electoral tendría el control de los tres poderes, una situación de alto riesgo para el estado de derecho. Todo el mundo lo ve así, menos el Gobierno, que quizá esté pensando en otras cosas. Cabe especular con que la proposición de ley no sea más que un arma disuasoria dirigida al PP para que se avenga a negociar. En ese caso, sobran las palabras.
