La Comisión Europea presentaba ayer su iniciativa para la creación de un marco europeo de salarios mínimos a través de un texto legislativo, una directiva. Para apoyar la investidura de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión, el Grupo Socialista en el Parlamento estableció una serie de condiciones entre las que se encontraban el ajuste en frontera sobre el CO2 (sobre el que esperamos una propuesta en el próximo año) o el impulso legislativo a escala europea de esa regulación sobre los salarios mínimos, entre otras muchas.
Regular aspectos laborales desde Bruselas siempre resulta complejo. El grado de competencias que los Tratados otorgan a las instituciones comunitarias en este ámbito es más bien reducido, y la diversidad regulatoria en los Estados complica aún más estas iniciativas. No es una característica exclusivamente europea, en Estados Unidos, un país federal, la disparidad puede ser aún mayor. En todo caso, los socialistas estamos comprometidos a acelerar una armonización de la regulación laboral, que eleve los estándares de protección en todo el continente.
Pues bien, en estos momentos existe un salario mínimo cuantificado en una norma legal en veintiún países de la Unión. En el resto, son los agentes sociales, en negociación colectiva, quienes sustancian los emolumentos de esos salarios mínimos, pero su grado de cobertura es muy variable. Las cifras de esos salarios mínimos se sitúan entre los 312 euros por mes en Bulgaria y los 2.142 euros de Luxemburgo. El salario mínimo en España se sitúa, después de las últimas subidas, en 1.108 euros mensuales.
Ahora bien, esta diversidad debería ser corregida también por el nivel de precios de cada Estado. Ciertamente, la capacidad de compra de los más de dos mil euros luxemburgueses en ese país no es la misma que la de los salarios mínimos más bajos en otros países, donde los precios de los bienes y servicios son sustancialmente inferiores. De este modo, para conocer cuán de generosos son los salarios mínimos nacionales es necesario ponderar por el nivel de los precios.
Los socialistas estamos comprometidos a acelerar una armonización de la regulación laboral en todo el continente
En ese ejercicio, aun así, Luxemburgo sigue liderando el ranking con 1.634 euros equivalentes. Bulgaria apenas mejora hasta los 590 euros, y España se mantiene moderadamente estable con 1.147 euros. En cualquier caso, al ponderar los precios, la variabilidad se reduce sustancialmente. Por último, otro método de valorar los salarios mínimos se centra en compararlos con el salario mediano, es decir, con la mitad de los trabajadores con un salario menor y la mitad que percibe un salario mayor. En este análisis, en Portugal o en Francia, el salario mínimo es superior al 60 por ciento del salario mediano, estrechando la desigualdad salarial en los tramos de remuneraciones más reducidas. Entre el 50 y el 60 por ciento del salario mediano se sitúa el salario mínimo de países como Alemania, Países Bajos o Polonia. Y, por último, países como el nuestro o Irlanda fijan un salario mínimo inferior al sueldo que reciben la mitad del conjunto de trabajadores.
En otro orden de cosas, la diversidad sobre los sistemas de fijación de los salarios mínimos va más allá de la primera división entre aquellos donde se fija por ley y los que no. Y la razón se encuentra en los distintos caminos que llevan a establecer en una ley ese salario mínimo. Los modelos de decisión van desde el sistema español, donde el gobierno legisla directamente, consultando o no a los agentes sociales, a los acuerdos formales derivados de los convenios entre sindicatos y patronales que el gobierno convierte en ley.
Con todo, el crecimiento en toda Europa de los trabajadores pobres, el empeoramiento de las condiciones de trabajo o la aceleración de la digitalización en el ámbito laboral exigen también una consideración europea.
La propuesta conocida ayer, que inicia ahora su trámite legislativo, ofrece un marco europeo de salarios mínimos que de coherencia y ordene los procesos nacionales, y fije nuevos salarios mínimos allí donde aún no tienen reflejo legislativo. Es el primer paso de una batería de medidas que las y los socialistas exigimos para dar continuidad al Pilar Europeo de Derechos Sociales, firmado en 2017 en Gotemburgo, y que se encuadra en la recuperación necesaria también de la interlocución con los agentes sociales y, especialmente importante, con los sindicatos.
La afiliación sindical, el poder de los trabajadores en la negociación colectiva y su representación son elementos fundamentales para la igualdad entre los ciudadanos y, con ello, también para la vitalidad de la democracia. Celebro la revisión iniciada por el gobierno de España para abolir la restricción a la acción e información sindical en nuestro país y trabajo, desde aquí, desde el Parlamento Europeo, para que muy pronto veamos negociaciones colectivas europeas, protegidas por nuestra legislación comunitaria.
