En 50 años hemos tenido siete leyes educativas y vamos camino de la octava. Desde las primeras elecciones democráticas de 1977 hasta hoy, ningún gobierno ha sido capaz de consensuar un gran pacto educativo. En la actualidad llegamos a un proyecto de Ley, el de la LOMLOE, que toma la forma de una especie de imposición en la que el diálogo con la comunidad educativa está ausente. España adolece de un gran pacto educativo por falta de voluntad política. Si algo tan fundamental como el pacto y el diálogo no están claros, es muy difícil que lo que salga de ahí no tenga siempre la ideología como criterio.
En realidad, desde el año 1977 nuestros políticos solo han sido capaces de alcanzar siete pactos de Estado además, de todos ellos, dos son ampliaciones de acuerdos vigentes. La mayoría de ellos se cerraron con el PP en el Gobierno y la izquierda en la oposición.
Si la política como señala Hannah Arendt se basa en el hecho de “la pluralidad de los hombres, y los unos con los otros de los diversos”. Es desolador constatar que España no es un país de grandes pactos. Es precisamente en la capacidad de alcanzar pactos, en el diálogo con el diferente, donde se comprueba si realmente los servidores públicos hacen “política” o se dedican a la pura gestión de un programa y unos presupuestos.
Dentro de este clima “antipactos”, la educación ha sido y sigue siendo un lugar de desencuentro, de fricción, de falta de acuerdo, un caballo de batalla ideológico de unos y de otros. Ocho leyes educativas en 50 años solo son justificables por la egolatría de unos partidos políticos incapaces de alcanzar pactos estables con las fuerzas políticas y sociales mayoritarias en esta materia de interés general.
Mientras, nuestro país es líder en Europa. Según los datos de Eurostat (2019) seguimos siendo el país con la tasa de abandono más alta (17,9%), seguido de Malta (16,7%), de Rumanía (15,3%) y de Bulgaria (13,9%). Además de todo ello España no ha alcanzado el 15% que la UE le marcó como meta para este 2020. Lejos si se compara con el 10% que se marca como objetivo al conjunto de los Veintisiete.
España necesita de un gran pacto de Estado en materia educativa que dé estabilidad. La educación no puede ser moneda de cambio. Es inaceptable que el PSOE y Podemos traten de aprobar una octava Ley en mitad de un Estado de Alarma, sin tender puentes con la oposición, sin dialogar con la comunidad educativa.
