“Si nos quitan la libertad de expresión nos quedamos mudos y silenciosos y nos pueden guiar como ovejas al matadero”. Lo dijo George Washington, y tal parece que estuviera analizando lo que vivimos hoy en este país. La última ocurrencia de nuestro desgobierno es un plan contra la desinformación, que implica “examinar la libertad y pluralidad de los medios de comunicación”. Supuestamente, responde a una comunicación de la Comisión Europea instando a los gobiernos a establecer su propio plan para contrarrestar las “fake news” y neutralizar la posible intoxicación informativa promovida por otros países en elecciones o en la actual pandemia. Pero, como todo en este desgobierno –el rey de las “fake news” es el propio Gobierno–, eso no se ajusta a la verdad, porque aquí se va mucho más allá de donde permite la ley, la Constitución y la propia Europa.
En Europa hay preocupación por las noticias falsas promovidas por otros países para desestabilizar e incluso influir en resultados electorales. Por eso, desde 2015, se han puesto en marcha iniciativas de la propia Comisión Europea, a nivel global, y de muchos países, a nivel particular, para tratar de frenar las campañas de desinformación. Y el principal escenario a controlar es Internet: como publicó “El País”, durante la campaña de las elecciones europeas Google tomó medidas contra más de 130.000 cuentas; Facebook desactivó 2.200 millones de cuentas falsas y YouTube cerró más de tres millones de canales.
Este es el escenario que el Gobierno de Sánchez quiere aprovechar para seguir con su golpe de estado silencioso y montar su propia operación de control de la libertad de expresión y de la prensa libre. La iniciativa que ha publicado en el BOE se parece poco a lo que recomienda la Comisión Europea. Sólo algunas importantes diferencias: Europa habla siempre de observadores independientes –el propio Observatorio Europeo de Medios Digitales es un buen ejemplo con verificadores independientes–, en España la “comisión de la verdad” está formada por la guardia pretoriana del Presidente; Europa habla de fortalecer a la prensa libre, aquí de “examinar la libertad y pluralidad de los medios de comunicación”; en Europa se plantea defender la libertad de expresión, aquí no se concreta nada, generando una inseguridad jurídica que da pie a la arbitrariedad y la manipulación política del Gobierno… Todo lo que hacen Sánchez y su equipo discurre por la senda de la anormalidad democrática. Un ejemplo: Francia cuenta con una ley –validada por el Consejo Constitucional– para proteger la vida democrática de las “fake news”; una Ley que deja la decisión final sobre si una información es o no falsa a los jueces. En España la decisión final queda en manos del equipo experto en manipulación de Moncloa y hay fundadas dudas de que el Tribunal Constitucional llegue a validarla.
Con España sometida a un estado de alarma abusivo e inconstitucional, con unos gobiernos autonómicos desbordados e incapaces de poner remedio a la pandemia, con todo un país confinado o encarcelado por cierres perimetrales que representan el verdadero perímetro de la incompetencia política que nos desgobierna, con una oleada de contagios y muertes descontrolada… en esta situación tan dramática, el Gobierno español ¿no debería preocuparse y ocuparse en buscar soluciones a tanto sufrimiento y en buscar fórmulas para garantizar que la actividad económica no desaparezca y millones de españoles se vayan al paro, en vez de seguir con sus enredos contra el sistema democrático de libertades que tenemos?
Este Gobierno en fuga de su responsabilidad sobre la salud de los españoles está muy preocupado por la desinformación y las noticias falsas, como si ellas fueran las culpables de la virulencia de un virus que está actuando como el aliado soñado por quienes alimentan la obsesión tardo–revolucionaria de acabar con el régimen de la Transición. Lenin dijo que las revoluciones no se ejecutan, se organizan. Y aunque la frase, como todo en el leninismo, es puro cinismo (si algo hicieron los bolcheviques fue ejecutar), se ajusta bastante bien a lo que estamos viviendo. Estamos ante una revolución hacia el abismo organizada a través del BOE, con un país acojonado, sumiso y que quiere permanecer ajeno a todo lo que no sea sobrevivir al “bicho”, salvar su sueldo y, si ello no es posible, acceder a una subvención. Y, mientras tanto, no dan tregua: el mismo día en que presentaban su plan contra la desinformación el director general de la Agencia Tributaria planteaba en el Congreso la necesidad de imponer una norma para poder entrar en los domicilios sin avisar. Es decir, dentro de poco –otra “boetazo”–, el nuevo Estado sanchista podrá invadir nuestras casas.
Es difícil hacer oposición a un Gobierno que mantiene en estado de sitio emocional y vital a todo un país. Pero por pura supervivencia, no ya democrática, sino también económica, necesitamos esa oposición que plantee una alternativa democrática y creíble a esta deriva hacia las repúblicas bananeras. La oposición moderada es el clima ideal de las democracias sensatas y serenas. Pero cuando se ponen en entredicho los principios y valores de la propia democracia, la moderación es el cómplice ideal para quienes perpetran el crimen. Hay que despertar a la sociedad miedosa en que nos han convertido y para hacerlo es preciso referentes y posturas claras y contundentes, sin complejos, sin miedos a parecer radicales, porque los radicales ya están aquí, desgobernándonos. Para frenar esta deriva habrá que recurrir a los tribunales, al Constitucional, a Europa, pero, también, a los españoles, despertándonos de esta pesadilla que nos adormece y amansa.
Thomas Jefferson dijo que “la fuerza de la opinión pública es irresistible cuando se le permite expresarse libremente”. Por ello, la mejor vacuna para nuestro futuro es, como hace Alemania, luchar contra el virus de nuestras desgracias, pero sin permitir que nos despojen de nuestras libertades.
