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Ramón d'Andrés

Sí, es una postura retrógrada

Al hilo de un artículo de Félix F. de Castro contra la oficialidad del asturiano

A pesar de que el profesor Félix F. de Castro y yo somos lingüistas, ni el contenido de su artículo del día 7 de noviembre, ni el de este mío tienen contenido científico, sino que en ellos expresamos nuestras respectivas ideas políticas; de política lingüística, concretamente.

Sí, resistirse a nuevos derechos es una postura retrógrada. Siempre que la sociedad abordó el reconocimiento de un nuevo derecho, hubo resistencias basadas en un argumentario que se repite sin excepción, a saber: (a) no es un derecho, sino una imposición; (b) ese pretendido derecho es la tapadera de fines perversos; y (c) vendrán mil desastres si se reconoce este falso derecho. Repasen ustedes la historia y las hemerotecas, y se encontrarán fatalmente con dicho paisaje argumental: derecho al divorcio; igualdad de la mujer y voto femenino; libertad religiosa; matrimonio homosexual; derechos de la minoría negra en EE UU; etcétera. Así las cosas, no debe extrañarnos que el eventual reconocimiento de los derechos de los usuarios del asturiano provoque la resistencia de ciertos sectores ideológicos, que lo pintan como una imposición y fuente de mil desgracias. Es un guión archiconocido. Y claro que es una postura retrógrada: una sociedad que reconoce «n» derechos e incrementa su repertorio en «n + 1», es una sociedad que progresa democráticamente, y la reacción contra esa novedad corresponde a posturas reaccionarias o retrógradas, al menos en ese aspecto concreto.

No se trata de patrimonio, sino de derechos. No hablamos de patrimonio, sino de derechos individuales. Reclamarse usuario de una lengua genera derechos lingüísticos. La noción de «derecho lingüístico» forma parte de los estándares de civilización desde la Declaración Universal de 1947, y en la medida en que los países han profundizado en sus sistemas democráticos, cada vez más ciudadanos de más minorías lingüísticas han visto reconocidos sus derechos. La Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, suscrita por España en 2000, así como las diversas constituciones democráticas, avalan esta idea de progreso en derechos. Es inaudito hurtar del debate esta importante circunstancia, como si no existiera ese marco conceptual y jurídico.

Sí, es una postura retrógrada | CARMEN CUENCO

Sí, es una postura retrógrada | CARMEN CUENCO

El castellano también es una lengua financiada. Los derechos de quienes se reclaman usuarios del castellano están perfectamente reconocidos y amparados en España, y así debe ser; para quienes disfrutan (disfrutamos) de ellos, son tan obvios que ni siquiera se dan cuenta de que existen y de que hay toda una política lingüística estatal tendente a protegerlos y fortalecerlos. No hará falta aclarar que el castellano es una lengua que también se promueve y financia políticamente. Solo un dato: en los presupuestos para 2021, la Real Academia Española (RAE) percibirá casi 7 millones de euros, y el Instituto Cervantes (IC) 174 millones. Pero señores, ¿no quedábamos en que las lenguas no necesitan financiarse? La RAE y el IC son instituciones que, además de su vertiente técnica, cumplen un importante papel en la política lingüística de exaltación y difusión de la lengua castellana, entendida en su faceta de componente central de la identidad nacional española. Es legítimo, y demuestra que las lenguas (todas) son instrumentos de comunicación a la par que elementos de identidad político-cultural.

La libertad individual debe ser respetada. Si un ciudadano opta libremente por usar el asturiano en no importa qué ámbito, nuestra preocupación como demócratas debe ser: (a) que pueda ejercer su derecho sin cortapisas; y (b) que las comunicaciones efectuadas en asturiano tengan el mismo valor legal que las efectuadas en castellano. Sería inadmisible que el ejercicio de los derechos lingüísticos pudiera ser bloqueado solo porque alguien alega que se siente incómodo cuando su prójimo los ejerce. Si este criterio fuera válido, nunca habría progreso en derechos, dado que siempre hay alguien que dice incomodarse: siempre hay quien, desde su intolerancia, no soporta que otros ejerzan derechos que él niega.

Claro es que: (a) hay que procurar que el ejercicio de un derecho no vulnere derechos de otros: para esto están las leyes; y (b) hay que procurar que no se resienta la convivencia; allí donde no llegan las leyes, está la tolerancia y el comportamiento cívico de los ciudadanos. La convivencia educada se aprende y se cultiva, no está en el Código Civil. Aprendamos a convivir respetándonos, caramba.

Habrá oficialidad solo si la sociedad la quiere. Desde ciertos sectores ideológicos se contempla la cooficialidad lingüística como el fruto ilegítimo de una conspiración de las fuerzas del mal. Pero todo es muy simple: si hay una mayoría social partidaria de reconocer también los derechos de quienes se reclaman usuarios del asturiano, y se expresa en mayorías parlamentarias salidas de las urnas, entonces habrá oficialidad. Y si no hay esa mayoría, no habrá oficialidad. Es muy sencillo: se llama democracia.

¿Y qué habrá decidido un parlamento que mayoritariamente se pronuncie a favor de la oficialidad del asturiano? ¿Habrá decidido algo enloquecido y contrario a la ley? No: habrá decidido algo perfectamente previsto en la Constitución española. Será una decisión plenamente constitucional. Más aún: la oficialidad del asturiano, en caso de aprobarse, será un acto de afirmación constitucional.

No hay españolidad cabal sin el asturiano. Existen variadas concepciones acerca de España. Mi idea de España es la de una nación que reconoce y ensalza su consustancial pluralidad lingüística, tratando en igualdad de derechos a los usuarios de todas las lenguas españolas. Me inspiro en Suiza, Bélgica, Finlandia o Canadá, y no en el caspoco jacobinismo francés o chino.

La españolidad no ha de tener como única vía de expresión el castellano, sino también las otras lenguas. Una españolidad basada solo en el castellano es un fraude: representa una visión estrecha y parcial, y se equivoca quien piense que un concepto cabal de nación española ha de sustentarse necesariamente en esa idea. Es evidente que la lengua asturiana forma parte de la españolidad, y por eso una españolidad razonable no puede ser la que desprecie los derechos de ciudadanos que se reclaman usuarios de esta lengua española.

Quienes tienen que decidir son los ciudadanos a través de sus instituciones.

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