Con las Bolsas subiendo –quizá por la voluntad de vuelta a las vacas gordas– nada más anunciar la multinacional Pfizer los primeros resultados de su vacuna, desde los medios más cercanos al Gobierno se emplaza a éste para que ponga en marcha el plan de inmunización. En realidad, ya lo ha hecho, porque le faltó tiempo al ministro Illa para anunciar que espera vacunar a diez millones de personas en España a principios de 2021 sin que, en realidad, aclarase los porqués. Habrá quien diga que eso no es un plan pero se asemeja mucho a lo que desde el Ministerio han ido haciendo a lo largo de la segunda oleada de contagios: globo sonda, anuncio de medidas a tomar y aviso a las comunidades autónomas de que serán ellas las que tengan que encargarse de todo. Así que ni siquiera la noticia dada en la televisión pública de que Sanidad comprará a Pfizer veinte millones de dosis es digna de crédito porque en realidad es la UE la que ha puesto en marcha los fondos necesarios para adquirir nada menos que 1.300 y pico millones de vacunas pero no ha precisado cómo se repartirán, más allá de que se hará en función de la población de cada país. Pero ¿qué población? ¿La general o la de infectados? ¿Y qué quiere decir cada país? ¿El Estado? ¿Sus comunidades autónomas o federadas?
Si el plan de vacunaciones por el que suspira fuera eso, un plan general y de cumplimiento obligado para todos, lo más sensato sería discutirlo ya, por más que falte tiempo para que se sepa si la vacuna de Pfizer, que parece ir por delante dentro de las que cabe dar por fiables, sea una realidad lista para distribuirse. De entrada ni siquiera están terminados los estudios clínicos que tienen que precisar el alcance de la inmunidad que produce porque el dato que ha circulado, el de una protección del 90%, es una cifra muy preliminar que se refiere a una población de control escasa y un techo de resultados limitadísimo. Si se añaden los problemas logísticos –la vacuna debe conservarse a 75º bajo cero– parece claro que lo urgente es que sepamos quién va a decidir a los que se vacunará y dónde se va llevar a cabo el procedimiento.
Pero ¿quién va a encargarse de algo de tan enorme contenido político, habida cuenta de que lo que menos existe hoy por hoy en España es una verdadera gestión política digna de tal nombre? No lo es el rifirrafe continuo en el Congreso de los Diputados y en los medios de comunicación, ni se cuenta con ningún indicio de que haya la voluntad de cambiar las cosas aparcando los debates ideológicos y dando paso al consenso mínimo que es necesario para manejar la crisis más grande por la que he pasado nuestro país desde la restauración democrática. Por desgracia, que algo sea del todo necesario no lo convierte en real. Y sin ese mecanismo capaz de manejar la administración de la Sanidad pública, no habrá vacuna alguna que valga.
