En las últimas semanas, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE alcanzaron acuerdos clave para viabilizar el marco de apoyo presupuestario de la Unión al conjunto de la ciudadanía europea para responder a esta profunda crisis.
Ambos colegisladores acordaron un nuevo presupuesto 2021-27, donde se detallan las políticas de gasto, entre ellas los fondos de cohesión, la PAC, Erasmus, o el Fondo de Transición Justa. También se alcanzó un acuerdo sobre la Decisión de Recursos Propios, el lado de los ingresos del presupuesto comunitario, con un calendario vinculante para la introducción de nuevos recursos como el ajuste de CO2 en frontera. Y, a su vez, se pactó el reglamento para introducir condicionalidad democrática sobre los Estados miembros para la recepción del cualquier apoyo financiero comunitario.
Estos acuerdos los detallaba en mi artículo en esta misma columna, “Buenas noticias desde Europa”, publicado el pasado doce de noviembre. Quedábamos pendientes de finalizar, entonces, la negociación para definir el marco legal por el que los recursos provenientes de la deuda comunitaria del Next Generation EU se van a transferir a los estados.
Sin embargo, este camino, razonablemente tranquilo hasta ahora, se ha encontrado con los vetos anunciados de los gobiernos de Polonia, Hungría y Eslovenia sobre el presupuesto y la decisión de recursos propios que necesitan unanimidad en el Consejo (que no en el Parlamento), si no se revisa el reglamento de la condicionalidad democrática. Este último reglamento sólo exige mayoría para su aprobación, y deja a sus gobiernos sin capacidad de bloqueo en ese dosier. En este sentido, cabe insistir, antes de entrar en el fondo, en la necesaria eliminación de la unanimidad del sistema de gobierno de la Unión, que supone uno de nuestros principales problemas.
Pues bien, en mi opinión, las amenazas de estos tres países no pueden ser creíbles. En primer lugar, en respuesta a ese potencial veto, las autoridades europeas pueden transferir el marco legal del Next Generation EU a un método de cooperación reforzada, aún dentro de los tratados. Esto supondría que estos países se quedarían sin el respaldo financiero acordado tras la pandemia. Ahora bien, si insisten en su bloqueo al presupuesto y a la aprobación de recursos propios, ambos textos legales podrían prorrogarse automáticamente. Esta prórroga, además de otras consideraciones no menores, impedirían, al menos en el corto plazo, la puesta en funcionamiento de las nuevas políticas cohesión e incluso del Fondo de Transición Justa, del que, por cierto, estos países esperar recibir notables transferencias.
De este modo, el veto iliberal a este marco general de apoyo financiero comunitario podría dejar a los países que lo promueven sin recursos del Next Generation EU y con menos transferencias ante una prórroga presupuestaria. Estos recursos “perdidos” podrían suponer en torno al cuatro por ciento del PIB anual durante, en principio, los siete años del presupuesto. No parece plausible que el riesgo que les supone el nuevo reglamento de condicionalidad democrática pueda costar, en términos acumulados, cerca de un tercio del PIB.
Pero, además, el reglamento de la condicionalidad democrática estaría en todo caso plenamente operativo (con o sin veto sobre los presupuestos), de modo que no sería difícil acabar de aplicar este mecanismo a sus gobiernos, y dejarlos sin ningún tipo de fondo. Esto ocurriría si Polonia y Hungría perdieran los derechos políticos en el Consejo, si las actuales investigaciones sobre estos Estados miembros siguen su curso, bajo el marco de control fijado en los propios tratados, previos a este nuevo reglamento.
Ciertamente, su veto complicaría técnicamente la implementación en el resto de la Unión de los programas de recuperación y resiliencia, pero no lo impediría. Y el coste que asumirían sería, con total certeza, demasiado elevado. Es por ello que tiendo a pensar que los gobiernos polaco y húngaro acabarán asumiendo un riesgo potencial del bloqueo de fondos derivado del nuevo reglamento, algo que pueden evitar si reconducen sus políticas, antes de aceptar un riesgo cierto de no recibir financiación alguna. En todo caso, la historia está plagada de decisiones irracionales.
Así las cosas, el Consejo Europea del 10-11 de diciembre debería poder encauzar este debate, toda vez que me gustaría recordar el papel responsable del Parlamento, capaz de llegar a acuerdos entre distintas fuerzas políticas y con los propios gobiernos nacionales. Mientras tanto, trabajemos en las opciones alternativas para evidenciar nuestra capacidad de realizar una amenaza, en este caso totalmente creíble, sobre esos gobiernos iliberales.
