Nunca antes como en las últimas semanas ha estado tan cerca la posibilidad de que Arcelor pliegue velas, apague los hornos y se vaya con el alambrón a otra parte. Tal vez esta apreciación parezca desmedida pero la coyuntura resulta más cercana a una salida traumática que al regreso de las aguas a su cauce de remanso. Ya no se trata de los tira y afloja habituales en cualquier negociación entre una empresa y los representantes de sus empleados. El problema es mayor y de más largo alcance: una tormenta perfecta que se cierne sobre el acero, por la competencia desleal de las producciones foráneas a nivel internacional, y a causa también de los embates locales por la vía de los costes de las emisiones de CO2 y la inconcreción y tardanza del nuevo estatuto electrointensivo, vital para evitar sobresaltos al corazón de la gran industria asturiana.
Las culpas están repartidas y ninguno de los actores sale indemne de un incendio cada vez más difícil de sofocar si cada cual se acerca a la negociación con latas de gasolina. Con los sindicatos de las factorías asturianas divididos, unos favorables a la huelga y otros en contra; con la empresa resuelta a las bravas decretando un inesperado cierre patronal que afecta a más de trescientos trabajadores que quedan al pairo, sin salario ni percepción por desempleo...
Mientras, el Ejecutivo asturiano interviene tarde y por la vía salomónica: llamar al diálogo “para evitar un daño económico y laboral gravísimo”. Si se reconoce la gravedad de ese daño, que es absolutamente cierta, el Principado tiene la obligación mayúscula de implicarse en la solución del conflicto. Pero la interlocución con la compañía que se había alcanzado durante el anterior Gobierno se perdió con el traspaso de carteras. Y ya nadie conoce a nadie.
