Desde 2002, y por impulso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se viene celebrando anualmente el 11 de diciembre como el Día Internacional de las Montañas, atendiendo a la fragilidad de estos ecosistemas e incorporando su protección en el número 15 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Las montañas cubren más de una quinta parte de la superficie de la Tierra y en esos espacios reside el 15 por ciento de la población mundial. Las montañas aportan entre el 60 y el 80 por ciento del agua dulce de la superficie terrestre y más de la mitad de la población del planeta depende de las montañas para abastecerse de agua, alimentos y energía, pues desempeñan un papel muy relevante en la generación de energías renovables: energía hidráulica, eólica, solar y biogás.
En este año la campaña de la ONU –el organismo coordinador es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)– se centra en la biodiversidad de las montañas con el fin de poner de relieve las amenazas, riesgos y consecuencias que su falta de protección tiene para la humanidad, pues hoy sabemos que los desequilibrios ecológicos son la causa principal de muchas enfermedades, virus y epidemias, como la actual de la covid-19.
Escribo estas notas el día del XLII aniversario de nuestra Constitución y quiero aprovechar esta celebración para recordar un mandato bastante olvidado de nuestra carta magna, su artículo 130, que establece que se debe dispensar un tratamiento especial a las zonas de montaña. Este mandato fue concretado en la ley 25/1982 de Agricultura de Montaña, que sigue vigente, y que tras el fuerte impulso dado en la década de los años ochenta por el ministro Carlos Romero al reconocimiento comunitario de las zonas desfavorecidas de montaña y a la puesta en marcha de los Programas de Promoción y Ordenación de los Recursos Agrarios de Montaña (PROPOM) –el primero fue el Plan Oscos-Eo, aprobado en 1986–, la agricultura de montaña ha ido dejando de tener un tratamiento específico en la agenda política de las administraciones públicas españolas.
Asturias puede considerarse una región emblemática dentro de las zonas de montaña, que ocupan el 40 por ciento de la superficie de España. Sin embargo, y a pesar de que somos la comunidad autónoma que más superficie tiene declarada como zona de montaña, ya que tiene incluidos 64 concejos en la lista comunitaria establecida en la Directiva 466/86/CEE, que representan el 91 por ciento de la superficie regional, no parece que, a lo largo de las últimas décadas, la cuestión de la economía de las zonas de montaña haya sido objeto de una atención significativa en los debates y acciones de la política regional.
En esta tierra astur, atravesada por montañas que bajan casi a bañarse al mar Cantábrico, del que les separa una estrecha rasa litoral, la mayor parte de nuestras zonas de montaña son ya un desierto demográfico. Actualmente, 30 concejos de montaña tienen menos de 20 habitantes por kilómetro cuadrado, densidad que sería mucho más baja si se excluyese la población que reside en la villa-capital del concejo. La superficie conjunta de estos 30 concejos asciende a algo más de 5.000 kilómetros cuadrados –casi la mitad del territorio asturiano–, y en ellos sólo residen poco más de 46.000 habitantes, menos del 5 por ciento de la población regional. Sin embargo, y frente a este panorama desolador de desertización humana que, en general, azota a nuestras zonas de montaña, en esos 30 concejos se localizan 347.000 hectáreas de montes de propiedad colectiva, llamados popularmente comunales, que están infrautilizados y en muchos casos abandonados, y que podrían constituir un importante recurso para el desarrollo de esas zonas de montaña.
Que la celebración del aniversario de la Constitución y el Día Internacional de las Montañas, en este año de pandemia, sirva de catalizador para que en España y en Asturias se tenga más presente a la problemática de las montañas –especialmente a las zonas de Alta Montaña–, que no solo son importantes para las comunidades que viven en ellas, también lo son para los pueblos que se localizan en las zonas bajas que dependen de su biodiversidad. Si realmente se aspira a una Asturias más equilibrada espacialmente, las acciones orientadas al desarrollo sostenible de una economía de montaña deberían pasar a ser una de las prioridades de la política regional.
