Revisando la Historia, en noviembre de 1975, cuando España mantenía la soberanía del Sahara Occidental con una guarnición de 5.000 militares (al mando del General Gómez de Salazar), el rey Hassan II de Marruecos lo invadió mediante una marcha pacífica de 350.000 civiles (escoltada por 25.000 soldados marroquíes). Ante esa política de hechos consumados, nuestras Fuerzas Armadas recibieron orden de retirarse sin responder a la agresión para evitar una masacre (estimada por Salazar en 30.000 bajas) y, quizás, pensando que no procedía derramar sangre española por este territorio mayormente desértico; a pesar del esfuerzo invertido en crear infraestructuras públicas básicas para la población local.
Actualmente, Canarias recibe un aluvión de pateras, multiplicando por 11 la incidencia anual de inmigrantes ilegales (hasta 25.000); llegados fundamentalmente de Marruecos (país con medios aeronavales para controlar sus fronteras marítimas) y de Mauritania (con 8.000 pateras listas para llevar a suelo español inmigrantes ilegales, procedentes también de Senegal, Mali, Gambia).
Sin duda, las mafias dedicadas a este lucrativo negocio aprovechan la crisis sanitaria, económica y socio-política creada en España por el covid para inundarla con una avalancha de pateras. Así, las instalaciones en los muelles de acogida están saturadas y, para mayor “efecto llamada”, 6.000 inmigrantes han sido alojados en varios hoteles (actualmente vacíos por la pandemia), mientras se construyen seis macro-campamentos para alojar 7.000 personas
Así, ante una deficiente defensa de fronteras por presunta “permisividad humanitaria”, la población autóctona de Canarias y su industria turística podría sucumbir por dicha invasión de jóvenes inmigrantes ilegales (no refugiados), mayormente magrebíes.
Dicho esto, tras el apoyo español al referéndum de autodeterminación en el Sahara Occidental y la pasada manifestación de marroquíes en su Consulado de Barcelona, pienso que Canarias puede estar viviendo otra “marcha verde” encubierta de castigo, asociada al afán expansionista marroquí. Ante ello, nuestro Gobierno ha reaccionado con la diplomacia del ministro del Interior en Rabat o de la ministra de Exteriores en Senegal, declarando: “Quien utilice la vía de inmigración ilegal, deberá volver a su país”). Evidentemente, sobran palabras y precisamos hechos contundentes (único lenguaje que entenderán semejantes gobiernos oportunistas).
En definitiva, Canarias afronta una posible “marcha verde” si el Gobierno central no la defiende contundentemente; sea por ignorar el riesgo encubierto que la amenaza o por desconocer cómo proceder. ¿Acaso somos ahora tan vulnerables como en 1975?
