El presidente de EE UU, Donald Trump, dispuesto a hacer el mal hasta el final de su mandato, ha perdonado, entre otros delincuentes, a cuatro mercenarios condenados por la justicia norteamericana por crímenes de guerra en Irak. Los cuatro eran mercenarios de Blackwater, una empresa fundada en 1997 por un amigo de Trump y hermano de su ministra de Educación y otro ex militar estadounidense. Los ahora perdonados formaban parte de un convoy que prestaba escolta a diplomáticos estadounidenses en Bagdad y abrieron fuego en una plaza contra un grupo de civiles iraquíes desarmados.
Un tribunal estadounidense condenó a cadena perpetua al que comenzó el injustificado tiroteo, que causó la muerte a al menos catorce personas, mientras que los otros tres lo fueron a penas de diecisiete años de cárcel. El perdón presidencial no sólo causó indignación en Irak, donde se hizo más evidente que nunca que para esos mercenarios, la vida de los árabes no valía nada, sino que provocó también la reacción del ex general estadounidense Mark Hertling. “Fue un cobarde crimen de guerra, que resultó en la muerte de diecisiete civiles –cifra inicialmente dada por las autoridades iraquíes. Debería avergonzarse, señor Presidente”, tuiteó el ex militar.
Blackwater, con sede en Carolina del Norte y que hoy se conoce por el nombre de Academi, participó en detenciones extrajudiciales y asesinatos en el marco de su contrato con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) e incluso se habló de la existencia de un plan para derrocar al gobierno venezolano de Nicolás Maduro con varios miles de mercenarios contratados en Colombia y otros países de América Latina. Con ese tipo de antecedentes, el presidente electo de EE UU, Joe Biden, ha propuesto para dirigir el servicio nacional de inteligencia a Avril Haines, a la que se acusa de haber sido demasiado comprensiva con los agentes de la CIA que jaquearon las computadoras del comité de Inteligencia del Senado. Haines, que fue subdirectora de la CIA cuando Biden era vicepresidente de Barack Obama, censuró y redujo a un sumario de sólo 500 páginas las 6.000 del informe oficial del Senado sobre el uso de torturas por parte de aquel organismo a fin de encubrir a los torturadores. De ahí que un grupo de los sometidos a tales prácticas así como defensores de los derechos humanos hayan escrito una carta al Senado de EE UU para que se oponga a ese nombramiento. Entre los firmantes figuran una monja estadounidense torturada por el Ejército guatemalteco, un sacerdote católico fundador de una ONG que se opone a la formación en métodos de tortura de los militares latinoamericanos en la Escuela de las Américas y un ex colaborador del entonces secretario de Estado, Colin Powell. En la misma carta se advierte de alguien que parece estar considerando también el presidente electo para dirigir a la CIA, Mike Morrell, que fue subdirector de la agencia con Obama y a quien el senador demócrata Ron Wyden llamó una vez “apologista de la tortura”. Morrell defendió prácticas como los ahogamientos simulados, los azotamientos con cordones eléctricos y los cubos de agua helada sobre los detenidos en calzoncillos. Ese funcionario dijo que tales prácticas servían para frustrar futuros atentados y se negó a calificarlas de “torturas” porque ello equivalía a considerar torturadores a sus “muchachos”, a los que se había comprometido a defender “hasta el último aliento”.
