Conocen ustedes de sobra la expresión. La acuñaron progresistas y liberales del XIX para referirse a todo aquel conjunto de normas y poderes (desde las legales, al caciquismo o a la Iglesia) que se oponían a la modernización de España, tanto en lo social como en lo económico.
Uno de esos obstáculos tradicionales que impiden hoy tanto el progreso como la felicidad de los individuos (aquello que Xovellanos y los ilustrados consideraban el objetivo central de la política) lo constituyen las administraciones públicas. No porque legislen y controlen, que es su papel, sino porque sus dilaciones, su hipertrofia burocrática, sus disfunciones hacen que los trámites se dilaten o eternicen y hagan perder tiempo y dinero a las empresas y a los ciudadanos, infundiendo en ellos el desánimo, la frustración y, en el caso de las empresas, invitando a no arriesgar o a no abrir nuevas líneas de negocio, sino provocando su cierre.
Los ejemplos son legión.
Uno: vecinos con su casa pagada y terminada a la que no pueden entrar: el Ayuntamiento lleva meses retrasando la cédula de habitabilidad, por inoperancia administrativa.
Dos, esta noticia: “Un hombre amputado de una pierna lleva un año sin salir de casa porque el Ayuntamiento no acaba de tramitar la licencia del ascensor”.
Tres, Ayuntamiento de Xixón: “El colapso en las tramitaciones obliga al Ayuntamiento a relajar el control de la concesión de ayudas”. “El servicio de Intervención analizará de forma aleatoria la documentación para dar agilidad a las subvenciones y hará otra revisión a posteriori”.
A confesión de parte, dice el adagio, sobran pruebas.
Y con la pandemia, peor, en todas las administraciones: ERTES que no se cobraban, retrasos para jubilarse u obtener un certificado, obligación de la cita previa para cualquier gestión, que se concede a muchos días o semanas vista, dificultades para realizar trámites por internet o imposibilidad de hacerlo.
¿Todo por el pueblo?
¡Venga ya!
