A las familias de muchos alumnos gijoneses no les ha quedado otra que rascarse el bolsillo para comprar medidores de calidad del aire que garanticen la seguridad de los niños ante el coronavirus en las aulas debido a que la Consejería de Educación no ha tenido a bien repartir estos dispositivos, a diferencia de lo que hacen otras autonomías desde hace meses. La inacción del Principado, justificada con rocambolescas explicaciones que solo significan falta de recursos o ninguna gana en emplearlos, ha sido aún peor con los purificadores. Primero puso trabas a su instalación alegando que no eran garantía de nada. Y ahora deja a los centros que los coloquen, pero tampoco ha destinado un euro. Esta política recuerda mucho al “caso de las mascarillas”, que oficialmente fueron inútiles al inicio de la pandemia para tapar que no las había.
