Mientras el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia creado por el Consejo Europeo el pasado verano sigue su trámite en las instituciones comunitarias y en cada uno de los estados miembros de la Unión, las administraciones públicas españolas se preparan para la gestión de los cuantiosos fondos puestos a disposición de nuestro país. Emiten decretos, reglamentos, informes y otros documentos, y hacen hueco en sus organigramas a las unidades que se ocuparán específicamente de orientar de manera adecuada el destino de esos recursos. El pasado jueves quedó constituida la Conferencia sectorial del Plan de Recuperación, de la que forman parte el gobierno español, las comunidades autónomas y la Federación de Municipios y Provincias. En la reunión, la ministra de Hacienda explicó que a diferencia de otros fondos europeos, estos tienen carácter finalista y no serán distribuidos por territorios, sino entre diez áreas de actuación en las que se desarrollarán políticas dirigidas a cumplir unos objetivos alineados con los planteamientos estratégicos de la Unión. En una próxima reunión, la conferencia deberá aprobar las reglas de la cogobernanza del Plan español, que están siendo estudiadas por las comunidades autónomas, algunas de las cuales ya han manifestado sus discrepancias.
Por su parte, las autonomías han empezado a hacer su trabajo, aunque no siempre siguiendo los mismos pasos. La mayoría ha ido nombrando los comités encargados de colaborar en la selección y el posterior seguimiento de los proyectos que se ejecutarán y los gobiernos de varias de ellas están dando publicidad a la normativa de aplicación a la gestión de los fondos y a esbozos de sus propios planes, en los que constan incluso las iniciativas que han decidido impulsar para lograr los objetivos fijados. En alguna comunidad autónoma se han organizado jornadas para tratar el tema, que se va haciendo habitual en los medios, donde ya han aparecido artículos de opinión reclamando celeridad, un debate público más amplio previo a la toma de decisiones y una mayor implicación de la sociedad civil.
En el mes de noviembre, el gobierno de Asturias creó la Oficina de Proyectos y el Comité Asesor, dos organismos auxiliares para la gestión de los fondos europeos. Entonces anunció que en una próxima convocatoria se presentaría el mapa de estrategias de la región, el plan de Asturias. En una entrevista concedida a la televisión asturiana días atrás, el presidente del Principado respondió a preguntas concretas sobre este asunto que no podía hablar de proyectos porque había un trabajo de cierta confidencialidad. En su respuesta, se limitó a decir que el Gobierno prestaría su aval político a las iniciativas que encajaran mejor en los objetivos que se persiguen con los fondos.
En su discurso de investidura, Barbón proclamó que Asturias necesita un cambio y que pretendía gobernar cerca de los ciudadanos, en cooperación con la sociedad. Conversar, deliberar, acordar, fue el lema que repitió en distintos momentos de su intervención. Una de sus virtudes es el estilo pedagógico con que, según él mismo ha confesado, procura hacer comprensible la complejidad del proceso político. Sin embargo, hay que decir que hasta la fecha, en relación con los fondos europeos, se ha olvidado de ponerlo en práctica. La sociedad asturiana no se reduce a su patronal, sindicatos, Universidad y Federación de Concejos. Asturias tiene también una esfera pública en la que están infinidad de organizaciones, los medios de comunicación y la opinión pública, y, por encima de todo, los asturianos. A ellos les compete en primer lugar estar informados, expresar su opinión y decidir sobre los fondos que reciban, que son recursos públicos.
El Gobierno asturiano tiene la obligación de rendir cuentas de la gestión de estos fondos, antes y después, como ya han demandado al Gobierno español expertos en políticas públicas. Lo exigen la lealtad y la confianza que debe haber entre gobierno y ciudadanos en una democracia. En este caso, además, a los asturianos nos conviene que sea así, pues con la ayuda europea a Asturias se le presenta sin duda una oportunidad única de recuperar y transformar su economía, pero también de ganar empaque político. Si hemos aprendido alguna lección de los claroscuros de la gestión de otros fondos, los que se avecinan conceden al Gobierno la posibilidad de poner en práctica una forma de gobernar abierta, receptiva, que suponga un fuerte incentivo para un compromiso más activo de los asturianos con los asuntos de la comunidad autónoma, es decir, sus asuntos.
