Europa depende de la mutua confianza entre los países que la integran. Sin esa confianza básica en los distintos ámbitos, el proyecto europeo no sobrevivirá. Y de eso quiero hablar ahora, porque la semana pasada, en el pleno del Parlamento europeo, adoptamos una resolución que pide la reforma del marco de la euroorden, que se aprobó en 2002 para sustituir el viejo procedimiento de la extradición de presuntos criminales.
La idea original de la euroorden es sencilla: se trata de un procedimiento judicial que permite a cualquier país de la UE detener a una persona acusada de un delito en otro país de la UE y entregarla para que sea juzgada allí. La clave, decía, es el reconocimiento mutuo, la confianza: que la libre circulación no equivalga a impunidad, que no suponga un problema para la actuación de la justicia más allá de las fronteras de cada país. Que los ciudadanos vean que Europa les es útil también en esto.
La reforma aprobada amplía la lista de delitos que deben estar sujetos a este procedimiento. Por ejemplo, uno que interesa mucho a los españoles: las acciones violentas contra el orden constitucional. Lo que se hace, en líneas generales, es señalar una ruta para avanzar hacia un sistema en el que la extradición sea la norma general cuando se produzcan delitos graves. La postura del Parlamento es que el rechazo a llevar a cabo esa orden de entrega debe ser la excepción, y si se produce, tiene que estar muy bien fundamentado.
Hemos incluido en esta lista 10 delitos nuevos, además de las 32 categorías actuales que no requieren el control de la doble incriminación por parte de un juez del país donde se encuentre la persona reclamada, lo que permitiría su entrega automática entre dos países de la UE. Además de las agresiones violentas contra el orden constitucional, figuran los delitos contra el orden público y de genocidio, la violencia contra la mujer, la contaminación generalizada, delitos fiscales y crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El informe se aprobó con 444 votos a favor, 139 en contra y 106 abstenciones, una amplia mayoría que envía un mensaje claro al resto de instituciones. Es quizás el empujón que el comisario de Justicia, Didier Reynders, necesitaba para desarrollar su compromiso de septiembre de 2019, a instancias de Ciudadanos, de estudiar la reforma, que era una de las promesas electorales de la primavera de 2019. Tras esta votación, la Comisión deberá elaborar una propuesta de ley para que la aprueben los 27.
La reforma de la euroorden es una tarea pendiente que no se puede atrasar más para evitar la impunidad en el espacio Schengen y construir una UE basada en la confianza
Ha sido un momento de claridad del Parlamento: a pesar de las dificultades políticas, la reforma de la euroorden es una tarea pendiente que no se puede atrasar más, un paso adelante para evitar la impunidad en el espacio Schengen y construir una UE basada en la confianza. Lo señaló muy bien mi compañera Maite Pagazaurtundúa: “La euroorden es la piedra angular de la cooperación judicial en la UE”. Con esta resolución, dijo, “se sientan las bases para modernizar los instrumentos de cooperación judicial, para ser más eficaces en la persecución de los delitos más graves”.
Yo creo que ha sido un primer paso muy importante y que debemos seguir adelante en la mejora de este instrumento, que llega en un momento crucial, ya que la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, que preside mi compañero Adrián Vázquez Lázara, está examinando a puerta cerrada el suplicatorio contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comin y Clara Ponsatí. Este proceso, retrasado por la pandemia, se inició a solicitud del juez Pablo Llarena cuando los tres eurodiputados recogieron su acta a comienzos del 2020. Llarena solicitó este procedimiento para levantar su inmunidad y poderles juzgar en España por las acciones del 1 de octubre en Cataluña.
El caso se debatirá, y tras ello se redactará un informe con una recomendación de levantar o no la inmunidad que después se votará en el pleno de la Eurocámara. Hace falta una mayoría simple para la decisión. Habitualmente, en situaciones similares, se ha levantado la inmunidad de los eurodiputados: si tenemos en cuenta los suplicatorios tramitados en la anterior legislatura del Parlamento, de 55 casos se suspendió la inmunidad en 50. Ya es sabido que, si se llegaran a suspender las de Puigdemont, Comín y Ponsatí, no perderían su escaño, pero el juez Llarena podría pedir su extradición.
Lo que nos dice la euroorden es que la pertenencia a la UE implica el respeto de las normas básicas del estado de derecho. La reforma que el Parlamento ha respaldado lo subraya y entiende que hay retos nuevos, delitos nuevos, agresiones a las personas o a los países que se apoyan en capacidades tecnológicas que antes no existían. Hacer frente a estos desafíos y traer al siglo XXI la cooperación entre los 27 para defender sus valores comunes de democracia y respeto a la ley es la mejor manera de fortalecer la confianza sobre la que descansan los cimientos de la casa común de los europeos.
