No extrañe a la clase política –a los de la supuesta casta y a los descastados que antes o después se encastan– la creciente desafección de la ciudadanía respecto al ejercicio de lo público. El consejero de Sanidad anunció presuroso que acudirá al Parlamento regional a rendir cuentas sobre la vacunación en Asturias y se supone que a aclarar dónde han ido a parar las casi tres mil dosis administradas a “otros” cuyo cargo u ocupación se desconocen. Se trata de un ejercicio de transparencia que conviene hacer, para que no germine la siembra de la duda. Y es preciso hacerlo con urgencia, antes de que la bola de nieve se desboque en la pendiente; y también para evitar que el deshielo se lleve la nevada por el sumidero.
Pero hete aquí que, como el periodo ordinario de sesiones no se restablece hasta el 1 de febrero, la presencia del Consejero en la Cámara no va a ser inmediata, como correspondería, sino diferida, y aún sin fecha exacta, por cuanto los primeros días del mes hábil de reincorporación de sus señorías al escaño tras el Año Nuevo se destinarán al Pleno extraordinario dedicado a la industria. Después se quejarán los parlamentarios de que los ciudadanos piensen que no existe profesión con más vacaciones que la alta política, con turnos laborables de septiembre a diciembre y de febrero a junio.
Junto a la gestión de la pandemia, la otra china que se ha colado en el zapato del Gobierno regional es el cortocircuito en los interruptores del corazón industrial de Asturias, la piedra que servirá para medir, en relación con el estatuto electrointensivo, el voltaje de la relación de Barbón con algunos ministros de Moncloa y el tamaño de su enchufe en Ferraz. De ambos asuntos se sale por la puerta grande o por la de enfermería, electrocutado.
