El nuevo urbanismo

El urbanismo siempre se ha movido alrededor de las economías de cada momento, sin ignorar la cultura local, su historia y la dirección hacia donde conviene caminar. Hay mucha legislación que pretende abarcarlo todo, lo que la hace compleja y llena de formalismos y predeterminaciones de muy difícil cumplimiento, lo que, entre otras cosas, genera enorme burocracia. Por eso, aunque desde el planeamiento urbanístico municipal se tenga en consideración la realidad económica del momento, van a ser las empresas y los grandes intereses económicos los que gobiernen en la práctica los desarrollos de esos planeamientos (existen escasas excepciones). Y, sin embargo, no hay que olvidar que las leyes urbanísticas siempre reservan un gran poder de decisión a los responsables de la cosa pública. ¿Necesitamos alguna explicación que justifique la “debilidad” de las administraciones y las “fortalezas” de las empresas? Porque las legislaciones van en dirección contraria. Así pues, algo falla.

Ante la ausencia de un crecimiento comparable con el que aconteció en los últimos treinta años, sobre todo en pequeñas o medianas ciudades como las asturianas, cabría preguntarse si el axioma de que urbanismo y economía están directamente interrelacionados sigue vigente. Entiendo que tanto como siempre. Si antes la economía propició el crecimiento –muchas veces especulativo– de las ciudades, ahora la economía de la crisis va a propiciar la regeneración/renovación/rehabilitación de los “trozos” de la ciudad que han crecido mal. ¿Estará presente la especulación? Por supuesto que habrá intentos, pero si hay excesos es bien posible que los ciudadanos se organicen y comiencen a meter las narices en esos procesos que se aventuran como futuro más inmediato sobre la revitalización de sus barrios o la rehabilitación/renovación de sus casas. Así está sucediendo en Francia, Alemania, Dinamarca o... Lituania.

La tendencia que se dibuja para los próximos dos o tres decenios es la de combinar las políticas urbanísticas sobre áreas de crecimiento mucho más contenido con las políticas sobre zonas de la ciudad ya construida pero con deficiencias suficientes como para intervenir. Un ejemplo claro lo tenemos en Oviedo, donde se han separado barrios por barreras de infraestructuras del Estado que se diseñaron al margen del planeamiento urbanístico municipal. Así se justifica la iniciativa municipal de rediseñar esa área donde termina/comienza la autopista “Y” para “reunir” barios que están incomunicados, y, a la vez, aprovechar para integrar mejor el prerrománico de Santullano e introducir en la operación la vieja Fábrica de Armas, que ocupa un amplio espacio lleno de singulares, diversas e interesantes edificaciones que configuran un complejo urbanístico tremendamente especial y único en ciudades de similar población; y con razones suficientes para pensar que termine siendo un nuevo centro. Otra cosa es cómo se ha concebido ese proyecto, su coste y mantenimiento.

Es razonable pensar que la participación de los vecinos en determinadas tomas de decisión sea esencial. Así, tenemos el ejemplo de “La Mina” en Barcelona, premio nacional de Urbanismo en 2007, sobre la regeneración de un viejo barrio donde ni entraban los buses, ni los taxis, ni había oficinas bancarias. Hoy, sin embargo, gracias al proceso de participación ciudadana coordinada por el equipo de urbanistas y apoyo logístico municipal, el barrio ha cambiado la faz sin expulsar a los originarios habitantes.

¿Cómo habrá de ser el urbanismo de la ciudad ya construida que funciona mal en alguna de sus partes? ¿Cómo habrá de ser el urbanismo basado en el decrecimiento de tantos y tantos pueblos de nuestra Asturias, incluida la capital? ¿Son válidas las mismas leyes urbanísticas que rigieron el crecimiento, si de lo que hablamos ahora es de un decrecimiento o, en el mejor de los casos, un crecimiento muy lento? ¿Son válidas nuestras legislaciones sobre el suelo consolidado para dar respuesta a las exigencias de políticas nuevas y necesarias orientadas a la regeneración/renovación/rehabilitación urbanas?

A mi juicio esas legislaciones sobre el suelo ya son obsoletas y no son válidas, ni tampoco debieran serlo los planeamientos urbanísticos municipales que las desarrollan, simplemente porque todos ellos nacieron a la sombra de expectativas de un crecimiento urbano que se va paralizando en nuestra región desde la crisis de 2010. Es más, si se habla de que dos tercios de la población mundial vivirá en ciudades hacia 2050, ello será debido al crecimiento vegetativo más los movimientos migratorios internos de cada región o estado que tendrá lugar en otras latitudes; en nuestra Asturias, si no se generan asentamientos de actividades económicas dinámicas, tendrán el natural crecimiento vegetativo interno más el debido a la lenta emigración desde las aldeas a las villas y desde estas al área central, cuestiones que las políticas sobre Ordenación del Territorio deberán afrontar, pues el desequilibrio territorial se irá acentuando y, en consecuencia, también las desigualdades entre asturianos. Tal vez la presencia del virus acreciente una demanda, ya detectada, de viviendas unifamiliares de consumo casi nulo de energía contaminante con un pequeño trozo de terreno, pero ubicadas en villas urbanas bien equipadas y bien comunicadas.

Hay regiones o comunidades que se vienen mostrando más sensibles que otras a un futuro sostenible. Vitoria fue galardonada como Ciudad Verde en 2012, y ello no fue consecuencia de ninguna “pirueta” política, sino de un trabajo largo y continuado que ya arranca en la década de los años noventa. Francia, tras la consolidación de algunos movimientos organizados al albur de determinadas leyes de nuevo cuño orientadas a dar cumplimiento al Protocolo de Kioto, es un país en que sus ciudadanos vienen aprendiendo cómo organizar su futuro para contribuir a la lucha contra el cambio climático y, a la vez, revalorizar sus propiedades –al modernizarlas– y mejorar sus ciudades para los que vienen detrás.

Sin la conciencia y el convencimiento de los españoles, de los asturianos, no será posible llevar adelante las nuevas políticas urbanísticas que se demandan, pues son los ciudadanos quienes deben sufrir y gastar en rehabilitar sus casas o mejorar las deficiencias de sus barrios. Pero ellos, nosotros, no nos comprometeremos mientras desde el Gobierno central no se ofrezcan ayudas económicas suficientes y sin que desde las autonomías y ayuntamientos no se complementen con otras de carácter normativo y, muy especialmente, divulgativo.

¿Cuántos asturianos conocen que durante los próximos decenios la mayor parte de los recursos en materia urbanística y de edificación han de emplearse en proyectos de regeneraciones/revitalizaciones urbanas y en mejorar las condiciones térmicas de los edificios reduciendo los costes de las facturas eléctricas, calefacción y otros? En esa Europa que reconocemos como más avanzada, resulta evidente que sin la participación activa de la población y de las administraciones no es posible avanzar en esa difícil pero necesaria y buena dirección.

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