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LNE FRANCISO GARCIA

Una piratería de uso diario

Compartir contenidos periodísticos sin permiso en Whatsapp y las redes sociales, un delito penado

Quien, seguramente en la mayoría de los casos desde el desconocimiento o incluso la buena fe de compartir conocimiento, distribuye entre sus amistades y seguidores contenidos periodísticos a través de las redes sociales o los sistemas de mensajería rápida está cometiendo un delito. Así de crudo pero así de real. Se trata de una práctica perseguible y penada. La legalidad vigente es taxativa: compartir obras protegidas como noticias, reportajes, crónicas, entrevistas, artículos de opinión, fotografías y demás recursos periodísticos sin autorización expresa del titular infringe la ley de Propiedad Intelectual, que reconoce al autor y al medio para el que trabaja los derechos exclusivos de reproducción, distribución y comunicación de su obra.

El trabajo periodístico queda protegido por el artículo 10.1 de la citada ley, donde se reconoce que en el ejemplar de cualquier diario “existe un contenido de intervención intelectual”. Como en un libro o en un disco, objetos que todos hemos interiorizado desde hace años que no se pueden piratear sin arriesgarse a la reprimenda legal. No hay lugar para compartir en abierto contenidos de pago.

El ilícito lo cometen tanto quienes se descargan el contenido y lo distribuyen por primera vez como los que lo reenvían a sus contactos. Y lo persigue la ley con la ayuda de la unidad de delitos cibernéticos de la Policía Nacional, cada vez mejor dotada técnicamente para la labor de rastreo. Y las penas no son menores: entre seis meses y cuatro años de cárcel, además de sanciones económicas.

Incluir en un grupo de Whatsapp, en Twitter, Facebook o Instagram un texto periodístico requiere, por tanto, de autorización previa. Está a la orden del día compartir con total impunidad no solo artículos sueltos o páginas, sino incluso periódicos enteros en su versión PDF. Se trata de un tipo de fraude que no solo practican ciudadanos particulares: también instituciones públicas y partidos políticos. A ningún cargo público se le ocurre subir a sus redes el contenido de un libro, a sabiendas de que si lo hace se puede meter en un lío. ¿Por qué, sin embargo, siguen compartiendo textos del periódico? Quien actúa así no solo delinque, sino que está incitando a delinquir a otros.

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