El reloj corre mientras el PSOE debe solventar la designación de quién presidirá el denominado Consejo de la Transparencia, un órgano cuya creación establece la ley de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, aprobada en septiembre de 2018. El acuerdo en la Junta de Portavoces de la Junta es que el día 24 se formalice una propuesta de candidato a presidente de este órgano.
El PSOE ha llevado un nombre bajo el brazo: Bernardo Fernández, que fuera vicepresidente del Gobierno y quien presidió el Consejo Consultivo desde su creación hasta agotar el máximo de mandatos permitido. Bernardo Fernández es hombre de reconocido prestigio: fue quien diseñó una estructura de la Administración asturiana que aún hoy sigue vigente y uno de los arquitectos jurídicos de la Autonomía.
La propuesta de nombramiento requiere de mayoría reforzada; esto es, 30 de los 45 diputados. El PSOE conversó con todos los grupos, pero mostró desde el principio interés en contar con el respaldo del PP. También a ese posible acuerdo se ha arrimado Izquierda Unida. Detrás, aunque no se cuente, queda sobre la mesa la futura negociación de algunos otros nombramientos menores, como las perspectivas para la televisión autonómica, en noviembre.
Lo cierto es que Bernardo Fernández, ya jubilado, ha sido referencial en el nacimiento jurídico de esta ley y su Consejo. Este mecanismo de control fue reclamado por los partidos de nuevo cuño, que metían a veces en el mismo saco sus recelos sobre los dos partidos hegemónicos hasta entonces (PSOE y PP). El exprofesor de Derecho Político y Derecho Comunitario accedió a la propuesta de los socialistas por el reto que supone consolidar un modelo de vigilancia de la limpieza del ejercicio de un Gobierno. Aunque siempre en la confianza de lograr el máximo respaldo.
Sin embargo, el patio político no es el mismo que hace años, cuando una propuesta así lograría el asentimiento. No en vano, Bernardo Fernández obtuvo el respaldo unánime de la Cámara para tomar las riendas del Consejo Consultivo en 2005; Ovidio Sánchez, entonces presidente del PP, lo apoyó. Incluso socialistas y populares estuvieron de acuerdo en su nombre para el Consejo del Poder Judicial, aunque el asunto terminó frustrado por bloqueo.
Ciudadanos, que respaldó el proyecto presupuestario de Barbón para este año, confiaba en cierta posición preferencial en esta negociación, e incluso contaba con una candidata alternativa. Podemos se aferró al discurso de considerar a Bernardo Fernández como un destacado socialista, cuando lo cierto es que el exvicepresidente no milita en el partido desde hace casi veinte años y tampoco en su época de militancia podría considerársele un hombre de marcado perfil político. Vox, obviamente, se ha puesto a la contra.
Pueden ser comprensibles los argumentos de quienes recelan del nombramiento (en especial por los posibles acuerdos paralelos), pero hay dos hechos difícilmente cuestionables: pocas alternativas de mejor currículum, experiencia y trayectoria podrían plantearse, sin olvidar que ha de ser el PSOE, con 20 diputados, quien coloque la propuesta. Y también es cierto que el Consejo de Transparencia arrancaría lastrado si naciese con un parlamento cuarteado sobre quien lo lidera. Al menos las abstenciones aflojarían ese estigma, aunque no facilitarían la constitución de un órgano con vocación de ser control de gobiernos y que debería nacer con el mayor respaldo y sosiego. En cierto modo, abstenerse también sería un veto.
