“Estoy muy preocupado sobre las perspectivas de las decisiones geoestratégicas de las autoridades rusas y las implicaciones que sus acciones tendrán sobre nosotros y sobre la sociedad rusa. Estamos en una encrucijada (...) y las decisiones que tomemos determinarán la dinámica del poder internacional en este siglo y especialmente, si avanzaremos hacia un modelo más cooperativo o polarizado, basado en sociedades libres abiertas o cerradas”. “La estructura de poder actual en Rusia, que combina intereses económicos creados, control militar y político, no deja espacio para el Estado de derecho democrático”. “Rusia no tiene la intención de entablar un debate constructivo si abordamos los derechos humanos y las libertades políticas”. “Las autoridades rusas consideran nuestro sistema de democracia liberal como una amenaza existencial”.
Bastan estas frases, entresacadas del discurso pronunciado la semana pasada por el Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, ante el pleno del Parlamento, para hacerse una idea certera sobre la situación de las relaciones ruso-europeas. La comparecencia de Borrell ante la Eurocámara tras su viaje a Moscú se planteaba muy tensa, después de que casi ochenta diputados firmaran una carta exigiendo su dimisión, si bien casi todos ellos procedían de las filas de la derecha más reaccionaria y antieuropea. En todo caso, entre los colegas más europeístas de los países del Este, su desazón era más que evidente. Un malestar arraigado en una diferencia de apreciación inicial sobre las intenciones del régimen de Putin.
Por una parte, Alemania, Francia o Italia, y quizá también España, están más próximos a unas tesis basadas en la búsqueda de un cierto entendimiento. Especialmente, Alemania, que se encuentra, por cierto, en pleno de proceso de construcción del gaseoducto Nord Stream 2 para tener acceso al gas ruso sin las conexiones terrestre de las actuales redes que atraviesan Bielorrusia y Ucrania. Esta nueva conexión incrementa en todo caso su dependencia directa de Rusia, y está en el centro de buena parte de las diferencias de aproximación entre los Estados europeos respecto a las relaciones con el país que preside Vladimir Putin.
Sin embargo, en una posición muy distinta se encuentran todos los países del Este, especialmente los bálticos o Polonia, quienes desconfían directamente de cualquier tentación de entendimiento con Rusia. Ciertamente, su experiencia histórica es bien distinta de la del resto de la Unión, pero incluso en la actualidad tienen razones de fondo para justificar esa susceptibilidad.
En casi todas las fronteras de la Unión existen conflictos promovidos o auspiciados por Rusia, que afectan directamente a los países europeos fronterizos. Es el caso, por ejemplo, de la Bielorrusia de Lukashenko, la fragmentación de facto de Ucrania, las tensiones en Moldavia o el papel de la propia Rusia en Siria. Además, los países bálticos y otros como Suecia han sufrido en estos años distintas operaciones de violación de su espacio aéreo e, incluso, terrestre por parte de Rusia, en una especie de juego entre el gato y ratón, que mantiene a la OTAN en activo. Quizá estas tensiones no llegan en igual medida a todas las opiniones públicas de los Estados europeos, pero en Bruselas somos muy conscientes de estas permanentes provocaciones.
El Alto Representante hizo bien en visitar Moscú para dirigirse directamente no solo a sus autoridades, sino también a la opinión pública rusa, exigiendo la aclaración del intento de asesinato y detención del líder opositor Alexei Navalny.
En todo caso, quizá esta haya sido la penúltima oportunidad que las instituciones comunitarias ofrecen a Rusia en busca de una vía de diálogo bidireccional. La respuesta del ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Lavorv, con la expulsión de tres diplomáticos europeos, más allá de la orquestación de una rueda de prensa teledirigida para cuestionar a la propia UE, ha sido clara. Toca ahora a los Estados miembros de la UE, al Consejo de Asuntos Exteriores, tomar buena nota y responder con inteligencia. Como afirmaba el propio Borrell ante el Parlamento, las autoridades rusas perciben nuestra democracia como una amenaza existencial. No es buena cosa.
