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José Manuel Ponte

Lo que repugna a la razón

De las críticas de Pablo Iglesias a la democracia española a la venta de la sede nacional del PP

En la menguante tertulia del café reina la confusión entre los valerosos ancianos que aún se atreven a desafiar a la pandemia. A cuerpo limpio, como los toreros que hacen un quite comprometido o ponen un par de banderillas. La sucesión de acontecimientos no da tregua y no bien salimos de una enormidad política nos metemos en otra sin dar tiempo a un análisis sosegado. Porque no deja de ser una enormidad que el vicepresidente segundo del Gobierno de coalición formado por el PSOE y Unidas Podemos, señor Iglesias, declare en una entrevista en el periódico catalán “Ara” que España no es una democracia. “Hay que reconocer –dijo– que no hay una situación de plena normalidad democrática” y mencionó entre esas anomalías el encarcelamiento de los dirigentes del “procés”, a los que no dudó en calificar de “presos políticos”. Sus socios de la coalición hicieron como que no habían oído. “Quiero entender –lo excusó la portavoz socialista en el Congreso, María Jesús Montero– que estas declaraciones nacen de un deseo por mejorar la calidad democrática en España”. Pero no pararon aquí las sorpresas. Y la primera de todas, la decisión del extesorero del PP Luis Bárcenas de confesar a los jueces los turbios manejos que se utilizaron para escamotear a Hacienda su financiación irregular. Dada la complejidad de la trama y el número de juzgados implicados en la investigación, nadie dudaba, entre los tertulianos, que tendríamos ocupación para lo que queda de año. ¡Por lo menos! Y en esa creencia estábamos hasta que se publicó la sentencia absolutoria de la expresidenta de la comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, sobre irregularidades en la obtención de un máster en la Universidad Rey Juan Carlos que le fue prácticamente regalado. Los jueces estiman que no hay pruebas concluyentes de que la expresidenta de Madrid pudiera haber inducido a dos funcionarios a falsificar las actas que le permitieron acceder a la titulación. En consecuencia, los funcionarios fueron condenados por su obsequiosidad para con su jefa y esta absuelta, entre otros, del delito de cohecho, ni propio ni impropio, que hay muchas formas de interpretar el Código Penal. Pero ¿puede alguien creer que dos funcionarios de una Universidad decidan por su cuenta y riesgo falsificar unos documentos para regalarle un máster a la señora que manejaba el cotarro administrativo? ¿Y que esta no se diese por enterada? Suele decirse que la legislación penal española es escrupulosamente garantista y eso explica la tardanza en resolver algunos de los asuntos que se someten a conocimiento de los jueces. “Repugna a la razón”, nos explicaba un profesor de aquel largo Bachillerato franquista de siete cursos, cuando nos topábamos con un suceso difícil de analizar sin la ayuda de la legislación vigente. Y así parece resultar el caso de la absolución de doña Cristina Cifuentes y de la condena de las dos funcionarias. Posiblemente se ajusta a la ley, pero repugna a la razón. En cuanto a la sorpresa de la venta de la sede central del PP en la calle Génova, de Madrid, prospera entre los tertulianos la tesis de que viene obligada por la malísima salud financiera del PP. Parece lo más razonable.

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