El escritor leonés Julio Llamazares se sorprende (como tanta otra gente) de que miles de jóvenes se hayan echado a la calle en varias ciudades para reclamar la inmediata excarcelación de un “idiota” (sic) que canta obscenidades de pretendida intención política. Tales como “No me da pena tu tiro en la nuca, pepero”, “Que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono” o “Ojalá explote el coche de Patxi López”. O delicadas expresiones amorosas propias de un espíritu sensible como “Tú, puta zorra, cómeme la polla” o “Mi ilusión es una fulana demasiado cara, voy a tener que violarla”.
El “idiota” es el rapero catalán Pablo Hasél, que deberá cumplir una condena de nueve meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo, una conducta en la que es reincidente. En cuanto a las motivaciones de los miles de jóvenes que protestan violentamente, destrozan el mobiliario urbano, levantan barricadas, para luego prenderles fuego, saquean comercios y se enfrentan a las fuerzas del orden público causando decenas de heridos y contusionados, existen varias teorías.
La inmensa mayoría coincide en opinar que estas acciones no tienen nada que ver con la lucha por la libertad de expresión, aunque no faltan quienes manifiestan simpatía por ella. “Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia en las calles”, dijo el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique. La opinión de Echenique fue secundada por otros militantes de la formación morada y puso nuevamente en evidencia las profundas diferencias entre los integrantes de la coalición gubernamental que preside Pedro Sánchez. Pero al mismo tiempo también destapó la falta de sintonía entre los tres partidos independentistas llamados a formar gobierno en la Generalitat (ERC, Junts per Catalunya y la CUP). Tres partidos que no ocultaron su reticencia respecto de la contundente actuación de los Mossos d’Esquadra contra los alborotadores, hasta el punto de que los representantes sindicales de la policía autonómica se vieron en la necesidad de patentizar su disgusto por la falta de instrucciones que obligadamente deberían haber recibido desde sus mandos políticos.
Cunde la impresión de que, si la fuerza encargada de reprimir los disturbios fuese la Policía del Estado en vez de los Mossos, la respuesta independentista hubiera sido muy diferente. En cualquier caso, es un ejercicio de anticipación muy provechoso y sirve para concluir que la construcción de un hipotético Estado catalán ofrecerá más dificultades en la práctica de las previstas por sus valedores, que todo lo pintan de color de rosa.
Vistos los problemas que plantea ponerse de acuerdo sobre el funcionamiento de una policía propia, qué no sucedería si el debate tuviese como objeto la creación de un ejército. En cuanto a la libertad de expresión propiamente dicha, bien haría el Gobierno que preside Sánchez en sacar del Código Penal los llamados delitos de opinión. Entre otras cosas, serviría para reducir, sin prohibir, el ámbito de difusión de majaderías y truculencias. El derecho a la libertad de expresión es imprescindible para reivindicar otros derechos. Pero no para amparar tonterías.
