Vista con la debida perspectiva, o sea, con la experiencia posterior de la pandemia y de sus ya ahora muy demostradas vías de contagio, la celebración en 2020 de las masivas manifestaciones del 8 de marzo fue objetivamente un error de grandes proporciones. La falta entonces de esa perspectiva, y por tanto de la conciencia plena de las posibles consecuencias, influiría sin duda en la postura de los tribunales a la hora de valorar eventuales responsabilidades. Pero por favor, no insistan. Convocar en toda España ese día manifestaciones en la práctica de imposible control, cuando a duras penas vamos saliendo de la tercera ola y con riesgo de que una cuarta, además de matar a miles, arruine cierta recuperación este verano de la vital economía del turismo, ya no tendría perdón, ni político ni en ningún orden. El derecho de manifestación nunca puede estar por delante del derecho a la vida.
