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Buenas noticias para los médicos de Atención Continuada en Asturias

La jurisprudencia respecto a un asunto sistemáticamente desestimado en el Principado

1. Desde que, hace ya casi un año, hice unas notas, en LA NUEVA ESPAÑA (LNE), sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 19 de marzo de 2020, han sucedido muchas cosas, en el país y en los pleitos de los Médicos del Servicio de Atención Continuada (SAC) asturianos. La sentencia de 1 de octubre de 2020 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Valladolid, ya firme, de la que dio cuenta en su día también LNE, fue la primera que estimó íntegramente un recurso contencioso-administrativo de los muchos que he tenido ocasión de interponer, dictada precisamente sobre personal estatutario interino.

Sin embargo, en Asturias, en donde se han interpuesto decenas de ellos, fueron todos, sin excepción, sistemáticamente desestimados en la instancia mediante sentencias confirmadas siempre, hasta ahora, por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Característica común a todos ellos ha sido la celeridad de su resolución; un Juzgado solía dictar sentencia al día siguiente o, a lo sumo, a los dos días de celebrada la vista, antes que ningún otro. Resolviendo antes que los demás, fue más fácil que estos asumieran el criterio de aquel, sin contradicción alguna –solamente uno de ellos dejó constancia de que se trataba de un asunto “vidrioso”–, admitido también, en último término, por las decisiones dictadas en apelación por la propia Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA.

Ello es así, a pesar de que algunas de estas sentencias esgrimen argumentos realmente extraordinarios, como aquella –a la que ya me he referido en otra ocasión– en la que se afirma que “no se aprecia” abuso de la temporalidad en el hecho de que dos funcionarios interinos hayan prestado servicios, uno de ellos, durante más de 30 años; el otro, a lo largo de más de 28, ambos en plazas vacantes, plazas que, por definición, por el hecho mismo de estar vacantes, reflejan necesidades permanentes de personal. Se les recrimina, además, a ambos, que no hayan “acreditado” que la Administración no cumplió con sus obligaciones, en una increíble inversión de la carga de la prueba: se trata, nada menos, de la exigencia de una prueba de hechos negativos, una auténtica prueba diabólica.

Recuerdo una conversación con el titular de ese Juzgado –persona muy afable, por cierto– después de terminar la vista de uno de estos procedimientos; evocó, con amabilidad, el criterio desestimatorio del Juzgado –creo que entonces era, ya, también el convencimiento de la Sala–, para que no continuara insistiendo en mis argumentos, que iban a ser desestimados. Le respondí, también amablemente y con una abierta sonrisa, que no podía renunciar a convencerle de lo contrario, a él, a los Juzgados y a la Sala de lo Contencioso del TSJA y, lógicamente, al Tribunal Supremo (TS), si fuera necesario. No conseguí convencer, pese a nuestros esfuerzos, a ningún Juzgado o Tribunal contencioso-administrativo de Asturias. Tendrá que ser el Tribunal Supremo quien finalmente decida estos asuntos, y lo hará dentro de no demasiado tiempo. La Sección de Admisión de la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo sí parece haber sido seducida por los argumentos expuestos en nuestros escritos de preparación del recurso de casación, al admitir a trámite mediante seis importantes Autos –hasta ahora–, debidamente motivados, otros tantos escritos de preparación de la casación, acogiendo las cuestiones de interés casacional objetivo que tuvimos ocasión de plantear en los escritos de preparación ahora admitidos, coincidiendo el TS sustancial –y significativamente– con nosotros, como los propios autos señalan.

2. Deberá hacerse ahora alguna referencia al nuevo sistema de la casación contencioso-administrativa, que permita entender algo mejor el sentido de los autos que se trata de explicar. El tradicional recurso de casación contencioso-administrativo ha sido radicalmente modificado por la Disposición final tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, que modificó la Ley 29/1998 e introdujo una nueva técnica casacional que sustituyó la antigua casación, convertida ya, en la práctica, en una disfuncional suerte de tercera instancia jurisdiccional. La nueva casación gira alrededor de la apreciación discrecional por la Sala Tercera TS de la existencia de un “interés casacional objetivo” cuya concurrencia es insoslayable y limita drásticamente la admisión a trámite de los escritos de preparación del recurso. Este procedimiento de admisión se erige, pues, en la pieza central del sistema, debe acordarse mediante auto motivado y precisar las cuestiones que la Sala Tercera entiende “de interés casacional objetivo”, es decir, aquellos asuntos sobre los que la Sala Tercera pretende fijar doctrina legal. Después de la reforma, el establecimiento de esta doctrina jurisprudencial se produce en términos muy diferentes a los tradicionales, (i) desprendida ahora de una vinculación estricta al derecho subjetivo de las partes, que se atiende cuando las cuestiones a resolver disponen de “interés casacional objetivo”, (ii) lo que deberá demostrarse en el escrito capital de preparación del recurso, (iii) y sin cuya admisión y la determinación precisa de las cuestiones de “interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia” en el Auto de admisión, no es posible formalizar la interposición del recurso de casación; (iv) finalmente, la sentencia de la Sala de Enjuiciamiento construye la jurisprudencia al resolver, de forma elaborada, y sobre el punto de partida de las cuestiones de interés casacional aisladas por la Sección de Admisión, (v) dotando a la doctrina así sentada de un especial carácter vinculante para todos los jueces y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, que deben, por tanto, aplicarla en sus propios y matizados términos, de los que carecían las resoluciones dictadas bajo el sistema anterior. La dificultad de admisión a trámite es, desde luego, mucho mayor pero, al mismo tiempo, significa que, una vez admitido, la Sala Tercera dictará necesariamente una sentencia sobre las cuestiones de interés casacional señaladas en el auto de admisión, por lo menos, como punto de partida; ello quiere decir, también, lógicamente, que los recursos cuya preparación es admitida tienen muchas opciones de éxito.

Esto es fundamental, sin duda, porque esa admisión a trámite, con apariencia de una modesta formalidad (“trámite”), encubre, en realidad, la decisión de la Sala de establecer doctrina casacional sobre las cuestiones de interés casacional; ello quiere decir que la Sala Tercera del TS dictará –certus an incertus quando– tantas sentencias cuantos recursos interpuestos por los médicos SAC asturianos sean finalmente admitidos a trámite, seguramente todos los que fueron preparados. Tenemos ahora treinta días para interponer propiamente el recurso de casación y persuadir a la Sección de Enjuiciamiento –la Sección cuarta de la Sala Tercera– de que, al resolver las cuestiones ya admitidas, debe hacerlo del modo en que nosotros entendemos que debe interpretarse la Directiva sobre el abuso de la temporalidad, de acuerdo con la jurisprudencia TJUE y la del propio TS. Todo parece indicar que será así; estadísticamente, al menos, las probabilidades de obtener una sentencia favorable son mayores que las de lo contrario, aunque sea de todos conocido lo que, en el argot taurino, quiere decir que “hasta el rabo todo es toro”. De momento, tenemos un plazo de treinta días para rematar la faena. Hagámoslo.

3. El auto de admisión –los autos, en realidad– después de relatar los antecedentes y entender cumplidos los nada fáciles requisitos formales que exige la Ley de Jurisdicción (LJ), la Sección de Admisión, “coincidiendo en ello sustancialmente con la parte recurrente”, entiende que tienen “interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia” las siguientes cuestiones, sobre las que, en principio, recaerán las sentencias y se fijará la doctrina legal:

1a) Si, de conformidad con las dos Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 2016, de 19 de marzo de 2020 y la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 26 de septiembre de 2018, se ha producido o no, en el caso examinado, una utilización abusiva de nombramientos de personal estatutario temporal de carácter interino.

2a) En caso de respuesta negativa -inexistencia de abuso-, cuáles serian las consecuencias, laborales y/o económicas, para el recurrente que se anudan a tal declaración.

3a) Si, constatada una utilización abusiva de los sucesivos nombramientos de personal estatutario temporal interino, debe adoptarse como única solución jurídica la aplicación de forma analógica de la jurisprudencia del orden social, o bien, si cabe afirmar que en nuestro ordenamiento jurídico existen otras medidas de aplicación preferente e igualmente eficaces para sancionar los abusos cometidos en dicha relación.

4a) Con independencia de la respuesta que se ofrezca a la cuestión anterior, si el afectado por la utilización abusiva de esos nombramientos tiene o no derecho a indemnización en caso de cese, por qué concepto y en qué momento.

Es muy relevante destacar que la Sección de Admisión identifica como la norma jurídica que, en principio, ha de ser objeto de interpretación a la cláusula 5 del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE.

El auto recoge otros argumentos utilizados en nuestro escrito, como la contradicción existente entre la sentencia recurrida y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en tanto la primera prima la aplicación de las normas de Derecho interno sobre la del Derecho europeo, mientras que la segunda, al contrario, entiende aplicable la normativa europea. “Argumenta la recurrente –continúa el auto– que la jurisprudencia de la Sala Tercera de este Tribunal ha resuelto [...] una realidad sustancialmente igual a la del presente asunto con la salvedad propia de la distinta adscripción funcionarial de las partes implicadas en cada caso y las diferencias en la situación fáctica que de la misma derivan. “La diferencia en lo concluido en aquellas sentencias y en el presente asunto deriva, no de una diferente valoración de la prueba, sino de una diferente interpretación de la misma norma: el Acuerdo Marco arriba referido. De este modo, mientras para la sentencia recurrida esta norma europea no es aplicable, sin haber siquiera planteado cuestión prejudicial al respecto, para la jurisprudencia de la Sala Tercera la aplicación del Acuerdo Marco resulta evidente. Además, llama la atención la recurrente en el escrito de preparación, que la sentencia recurrida da por buena la interpretación del Juzgado que entiende que la determinación de si existe o no abuso de la temporalidad corresponde a los jueces españoles, “autoatribución de competencia que considera errónea.”

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