Racionalmente no me es posible entender que la Fiscalía del Estado –que tiene personalidad jurídica única, independientemente del territorio donde se encuentre– mantenga criterios absolutamente dispares en función de la provincia, región o nacionalidad donde actúa.
Un fiscal cuando dictamina es el Ministerio Fiscal actuando, y siempre debe hacerlo bajo los mismos criterios, ya sea en Asturias, País Vasco, Madrid o Barcelona.
Nada justifica diferencias de trato por motivos territoriales, políticos o de otra causa. Para el Fiscal solo el diferente delito y las diferentes condiciones de los delincuentes habilitan las diferencias de criterio a la hora de valorar la situaciones penitenciarias.
Por tanto, en principio, la Fiscalía de Asturias y la de cualquier otra región o provincia española (Álava, por ejemplo) debe sujetarse a los mismos criterios de valoración y, consecuentemente, actuar con plena conformidad en relación con actos y situaciones que son exactamente iguales.
Pero por razones imposibles de comprender, la realidad no es así, al menos en el desdichado caso de José Luis Iglesias Riopedre.
Efectivamente, mientras en Asturias, con informe negativo de la fiscalía, se deniega el tercer grado penitenciario al señor Iglesias Riopedre, en Álava se otorga tal beneficio con informe positivo del Fiscal a quien, como es el caso de María Jesús Otero, fue condenada en el mismo procedimiento, creo, incluso, que a mayor pena, y por un delito mas grave (y moralmente pienso que mucho mas reprobable, si cabe).
Esa diferencia de trato ante una situación idéntica pone de manifiesto un caso de flagrante tratamiento discriminatorio, sin motivo racional aparente alguno que lo justifique, pues no puede entenderse como tal el hecho de encontrarse un preso en Asturias y otro en Álava.
Ante tan distinta actividad del Fiscal y, consecuentemente, del órgano judicial de vigilancia penitenciaria, no cabe si no concluir que algo raro está pasando aquí, que causa, eso sí, auténtica alarma social.
Esperemos que no haya algo personal en este asunto y que todo se deba a algún malentendido superable y fácilmente explicable.
El preso en Asturias y la presa en Álava han cumplido el mismo tiempo de condena. Ambos han manifestado su arrepentimiento, y si el señor Riopedre no ha podido afrontar el pago de la indemnización será, me imagino, porque como es público y notorio, carece de recursos para ello, que sin embargo al parecer sí tenía la señora Otero, a quien se atribuyen abundantes medios pecuniarios.
Las posibilidades de reincidencia del señor Riopedre son nulas porque no se le ocultara al mas lerdo que, amén de sus 81 años, nunca más va a poder servir en administración pública alguna, y el delito por el que fue condenado solo se puede volver a cometer trabajando en el servicio público, y por otro lado el riesgo de huida resulta imposible, si no risible, aunque solo sea por su absoluta falta de medios y elevada edad. ¿Por qué, pues, ese diferente tratamiento ¿En qué, y a quién, ha ofendido a mayores el señor Riopedre que diferencie a peor su caso del de la señora Otero
Esto es algo que requiere explicación pública y clara. No estamos ante conductas que no deban explicarse. El tiempo de la Inquisición, en el que en el más absoluto silencio se cocían las cosas, no es ya por fortuna el nuestro.
La libertad y la prisión son cuestiones muy serias. Si se ofrece la libertad a una persona, debe explicarse bien por qué se la niega a otra que está en la misma, exacta, situación.
Lo contrario sí que genera auténtica alarma social, la alarma que es consecuencia de encontrarse de bruces ante la arbitrariedad, que a las alturas de este siglo XXI no es de recibo.
Y reitero, no me mueve en este caso más que la misericordia. Nunca he tenido mayor trato con el señor Iglesias Riopedre. Pertenecemos a mundos bastante distintos y que frecuentemente estuvieron enfrentados. Pero eso no me lleva más que a acrecentar el sentimiento de injusticia y de exigencia de piedad.
