En las últimas semanas hemos asistido, con estupor e indignación, al conflicto entre la administración autonómica y la estatal con respecto al derecho de miles de personas asturianas a acceder al Ingreso Mínimo Vital; ese derecho está ahora en entredicho por la mala gestión y la falta de coordinación entre ambas administraciones. A miles de personas beneficiarias del Salario Social Básico (SSB) a las que se les dijo que lo único que tenían que hacer era firmar un consentimiento, que hicieron todo lo que se les pidió en tiempo y forma para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV), después de meses de incertidumbre y espera, no se les puede hablar ahora de cuestiones competenciales ni procedimentales: cuando un derecho está en entredicho, las administraciones no deben poner excusas, sino buscar soluciones.
Corremos el riesgo de que se produzca un colapso en la Seguridad Social y una nueva sobrecarga de trabajo para los Servicios Sociales Municipales, acompañados del desconcierto de la ciudadanía y la pérdida de credibilidad de las administraciones, ya que lo dicho durante meses no sirve para nada. Todo ello amplificado por los efectos de la brecha digital que genera una clara desigualdad entre las personas. Miles de familias esperando que se les reconozca administrativamente lo que ya les ha reconocido la ley: el derecho a una prestación vital básica y a unas condiciones de vida dignas. Es imprescindible que se solucione de inmediato el tránsito del SSB al IMV, sin que las personas beneficiarias hagan nuevos trámites y sin perder la retroactividad que se les había reconocido. Es lógica la indignación y el fuerte cabreo de las personas trabajadoras sociales y las organizaciones del tercer sector ante el maltrato institucional y el abuso contra quienes peor lo están pasando económicamente. Si algo debemos tener claro las personas que luchamos por un mundo mejor y por una sociedad más justa es que conquistar derechos resulta duro y costoso, avanzar un paso cuesta mucho, pero las posiciones perdidas rara vez se recuperan. Lo saben bien, por ejemplo, las personas pensionistas que siguen saliendo a las plazas para proteger un derecho que costó décadas adquirir y que puede desaparecer en lo que tarda un ministro en firmar un documento. El IMV es un derecho que traduce muchos años de lucha social para que el Estado español estableciera mecanismos que permitieran combatir la pobreza y la exclusión social. Su puesta en marcha significó un claro compromiso con el objetivo de que la crisis sanitaria, económica y social que sufrimos, a causa de la pandemia del covid.-19, no dejase a nadie atrás. Es un primer paso, por tanto, y no podemos permitirnos retroceder ni un milímetro en lo que tanto nos costó conseguir.
La idea de una renta mínima está conectada, por supuesto, a un concepto mucho más amplio, la renta básica, que propone algo tan sencillo, y a la vez tan revolucionario, como que todas las personas, por el mero hecho de serlo, tenemos derecho a un sustento garantizado y a unas condiciones de vida dignas. La pandemia no hizo sino aumentar la urgencia de un debate que ya estaba encima de la mesa; apostar por la renta básica es un mecanismo indispensable para reconstruir un horizonte igualitario tras décadas de políticas neoliberales que han creado un mundo injusto, precario, vulnerable. Somos conscientes de que el camino será largo; habrá muchos obstáculos por sortear, pero tenemos la oportunidad de emprender ese camino, y la responsabilidad de hacer todo lo que esté en nuestra mano para que llegue a buen puerto. Tenemos que defender el Ingreso Mínimo Vital, como en su momento se defendió en Asturies el Salario Social Básico, porque cada espacio de decencia conquistado por la lucha social abre una brecha en el insostenible modelo económico que padecemos. Frente al egoísmo de las élites, la solidaridad de las mayorías: la renta básica es un horizonte de transformación irrenunciable que Podemos, como tantos otros colectivos, seguirá impulsando para que se alcance cuanto antes. En esta legislatura podemos y debemos establecer las bases que permitan que jamás pueda cuestionarse el derecho de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas a unas condiciones de vida dignas. Que cada paso adelante sea una conquista irreversible es una tarea de todas.
